Según CEAR, "el nuevo Gobierno de España tiene ante sí el desafío de que el derecho de asilo esté plenamente garantizado en nuestro país". Para ello, instó al ejecutivo a adoptar un Pacto de Estado por el Derecho de Asilo, a fin de garantizar el respeto de este derecho con independencia de los cambios políticos, y a crear un Comisionado para las Personas Migrantes y Refugiadas dentro del Ministerio de Presidencia, dotado del presupuesto necesario y de mecanismos de consulta y participación de la sociedad civil.

Asimismo, reclamó un plan de acción a nivel estatal para dar "una respuesta adecuada al incremento de llegadas de personas migrantes y refugiadas a las costas españolas". Este debería incluir un protocolo unificado de actuación, con los mismos medios y recursos en todos los puntos de llegada, que sirva para mejorar la gestión y asegurar la identificación de necesidades de protección y derivación a los canales de protección adecuados.

CEAR pidió también garantizar que las citas para la formalización de las solicitudes de asilo se lleven a cabo de forma inmediata, asegurar su registro y que las personas estén documentadas desde ese mismo momento, para así poder acceder al sistema de acogida.

También exigió la resolución de las más de 100.000 solicitudes de asilo pendientes" y la puesta en marcha de "vías legales y seguras para solicitar asilo", como la posibilidad de hacerlo en embajadas y consulados españoles, facilitar la concesión de visados humanitarios, el refuerzo del reasentamiento y la flexibilización de la reagrupación familiar.

Por último, reclamó el fin de "las devoluciones ilegales en la frontera sur" y la retirada de la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, que pone en grave riesgo el derecho de asilo al no contemplar el procedimiento y las garantías debidas bajo las que se llevará a cabo la nueva figura del “rechazo en frontera”. "Al amparo de esta norma, muchas personas merecedoras de protección internacional siguen siendo expulsadas de manera ilegal a Marruecos sin tener acceso al procedimiento de asilo", criticó CEAR.