Durante su intervención, Martínez Donoso destacó que son ya más de cien empresas las que conforman el Foro Inserta y más de 23.000, las personas con discapacidad que estas compañías han incorporado.

Asimismo, afirmó que 2020 será un ejercicio “más tranquilo” para la aplicación de la ley de información no financiera, ya que, al ser el segundo año de vigencia, hay una experiencia previa en la sistematización de la información que hay que reportar.

Según Pueyo, el pasado año “echamos de menos una mayor descripción de los riesgos y los objetivos en lo que se refiere a la información no financiera y también en lo que se refiere a brecha salarial, tema en el que hubo dificultades a la hora de reportar”.

En su opinión, durante este ejercicio, “habría que revisar las metodologías de cálculo y los indicadores y reforzar el sistema interno de control de información no financiera”.

El mercado reconoce cada vez más los aspectos extra financieros de las compañías como claves para la generación de valor, la longevidad y la confianza y la nueva ley española 11/2018, de 28 de diciembre, solicitará la misma transparencia y fiabilidad de las que se dota a la información financiera, lo que eleva los niveles de exigencia a aquellas compañías que están expuestas y que deberán incluir en el informe de gestión de las cuentas anuales o en un informe separado información relativa a su desempeño en materia ética, ambiental, laboral y social. Dicho informe debe incluir la información de todas las filiales y respecto de todos los países donde opera.

Están obligadas a reportar esta información no financiera las sociedades con un número medio de trabajadores superior a 500 y las que, o bien sean entidades de interés público, o durante dos años seguidos sobrepasen los 20 millones de euros de activos. También aquellas que en ese tiempo superen los 40 millones de cifra de negocio anual o en las que el número medio de trabajadores sea superior a 250.

Asimismo, la disposición transitoria amplía el número de sociedades afectadas, aunque con un plazo de adaptación. Transcurridos tres años desde la entrada en vigor, tendrán que presentarla también las empresas con más de 250 trabajadores que, o sean entidades de interés público -excepto las consideradas como pymes por la normativa europea- o las que durante dos años hayan superado los 20 millones de activos o cuya cifra de negocio haya rebasado los 40 millones.

La ley detalla la información que debe reflejarse en cinco ámbitos: medio ambiente, social y personal, derechos humanos, corrupción y soborno, además de sociedad. Además, esta incluirá una descripción del modelo de negocio: entorno empresarial, organización, mercados donde opera, objetivos y estrategias, y los grandes riesgos vinculados a su actividad.

Debe incorporar indicadores clave de resultados no financieros que permitan el seguimiento y la evaluación de los progresos y que favorezcan la comparación entre sociedades y sectores.

Durante la jornada promovida por el Foro Inserta Responsable, de Fundación ONCE, los intervinientes trataron de dar respuesta a las cuestiones fundamentales de esta nueva ley y, en este sentido, el director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social del Grupo Social ONCE, Fernando Riaño reconoció que hay “muchos avances normativos en España, aunque nos ha faltado convicción en el cumplimiento”. “Aunque ha habido que nadar contra contracorriente para hacer que la sostenibilidad no sea un compartimento estanco en las empresas, la discapacidad está incorporada tanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como a la Ley de Información no Financiera”.

La responsable de la Unidad RSC y Sostenibilidad Fundación ONCE, Carla Bonino, afirmó que la “sostenibilidad y el desarrollo sostenido, tienen una dimensión social, no solo ambiental”. “La inclusión social es una cuestión de sostenibilidad y la discapacidad, un asunto de derechos humanos y también de desarrollo sostenible”, agregó.

“En el mundo hay mil millones de personas con discapacidad”, dijo, para, a continuación, espetar que “no podemos dejar a nadie atrás”. En cuanto a la ley de información no financiera, aseguró que incorpora de manera novedosa contenidos sobre discapacidad y accesibilidad en relación con los estados de información no financiera, los informes de gestión, la junta general de accionistas, el consejo de administración y el informe anual de gestión de gobierno.

PANEL DE EMPRESAS

A continuación, se celebró una mesa moderada por la directora de Empresas, Alianzas y RSC-D de Inserta Empleo, Mar Medeiros, en la que se pusieron en común distintas experiencias empresariales en la aplicación de la ley.

Para la directora de RSC y Comunicación de Calvo, Mariví Sánchez, la ley “va a provocar que todos estemos en el camino de mejorar la gestión socialmente responsable”, añadiendo que uno de los grandes retos “es dar consistencia a los datos de empresas que trabajamos en distintos países”.

La directora de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de Tendam, Ana Fombella añadió que entre los grandes retos se encuentran también “la preparación de los sistemas internos de las compañías y la identificación de los criterios a seguir”.

Por último, la responsable de Comunicación y Negocio responsable de Leroy Merlin, Susana Posadas, puntualizó que la ley de información no financiera “es muy positiva para impulsar políticas que faciliten una sociedad más inclusiva e igualitaria” y para su aplicación consideró “necesario corresponsabilizar a todos los departamentos porque es algo que afecta a la reputación de la compañía”.

El encuentro fue clausurado por la secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, quien aseveró que la celebración de esta jornada ha sido una respuesta a las peticiones de varias empresas del Foro Inserta y ha tenido como objetivo difundir los requerimientos de la ley, así como las distintas experiencias de las compañías en su aplicación.

Carcedo recordó que Fundación ONCE e Inserta han vuelto a ser adjudicatarias de los programas operativos, y, gracias a ellos, subrayó que va a “poder ayudar a las personas con discapacidad, con especial atención a los jóvenes, mujeres víctimas de la violencia de género, mayores de 50 años y a aquellas que viven en los entornos rurales”.

El Foro Inserta Responsable, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, es una plataforma de trabajo en red e innovación social que permite compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas de inclusión laboral de talento con discapacidad y RSE y Diversidad y forman parte de él cien empresas y entidades líderes en su sector.

Esta jornada se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.