Así consta en la orden ministerial emitida por Hacienda y publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos de 2020 que, según afirmó ayer, lunes, el presidente del Gobierno, se espera que queden aprobados antes del final del verano.

De esta forma, cabe suponer que el proyecto presupuestario no será presentado en el Congreso de los Diputados hasta al menos el mes de marzo. Antes, el Ejecutivo tiene que negociar con la Comisión Europea la flexibilización de la senda de déficit y deuda que presente junto al techo de gasto para ser aprobados en la Cámara Baja y que sirvan de base para la elaboración del proyecto de cuentas públicas.

La orden publicada este martes en el BOE establece que los ministerios deberán remitir, antes del 27 de febrero de 2020, “exclusivamente por medios electrónicos, las propuestas de normas de contenido presupuestario cuya inclusión en el articulado del anteproyecto de la Ley de Presupuestos consideren procedente, acompañadas de una memoria explicativa de la conexión del articulado propuesto con las habilitaciones de gasto, las previsiones de ingreso o la política económica del Gobierno, cuantificando, en su caso, el efecto de la norma propuesta sobre las cifras de ingresos o gastos que se han de presupuestar”.

Además, los departamentos ministeriales también deberán enviar a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, antes del 20 de febrero de 2020, tres informes sobre el impacto que sus propuestas presupuestarias tengan en lo que respecta a igualdad de género; en infancia, adolescencia y familia; y en cuestión de alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Para la elaboración del 'Informe de Impacto de Género', además, se constituirá un grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio de Igualdad, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de la Dirección General de Presupuestos y de la Dirección General de Costes de Personal para conformar la redacción final del Informe del Impacto de Género, que acompañará al anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Antes, todos los documentos a cumplimentar por los centros gestores deberán ser remitidos a la Dirección General de Presupuestos antes del 20 de febrero a través de las oficinas presupuestarias. Dichas oficinas, durante todo el proceso, coordinarán y tramitarán la información elaborada por los centros, así como la que se reciba del Ministerio de Hacienda. Asimismo los centros gestores remitirán a la Dirección General de Fondos Europeos, antes del 27 de febrero de 2020, una relación de los proyectos de inversión y otras partidas de gasto que sean susceptibles de ser financiados con fondos de la Unión Europea.

PRIORIDADES

La orden ministerial marca como principal objetivo de la política económica del Gobierno “consolidar un modelo de crecimiento económico equilibrado, inclusivo y duradero, estableciendo como señas de identidad la cohesión, la justicia social, la lucha contra la desigualdad y la sostenibilidad”.

Así, subraya que “hacer compatibles los compromisos del Reino de España en materia de estabilidad financiera y el necesario reequilibrio del Estado del Bienestar después de los años de crisis es una prioridad del Gobierno”, así como “la reorientación del modelo productivo, que tiene que aprovechar mejor las ventajas que aportan la digitalización y la transición justa para ganar competitividad y generar empleos dignos y de calidad”.

Para lograr dichos objetivos, el documento señala que “la guía de acción de esta política es el Acuerdo programático del Gobierno progresista de coalición” firmado por PSOE y Unidas Podemos, destacando que éste contempla “las medidas y actuaciones que van a permitir el crecimiento equilibrado, sostenible y solidario de nuestra economía, a la vez que situará a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa”.

Asimismo, entre las distintas prioridades del Gobierno, el documento destaca la de alcanzar “un sistema de justicia social que luche contra la desigualdad a través de mecanismos de redistribución de la riqueza, que garantice el acceso a una vivienda digna, potenciando la función social de la misma, que refuerce la sanidad pública y el sistema de atención a la dependencia mejorando los servicios sociales y sanitarios y que fortalezca la cohesión territorial mediante la inversión pública, combatiendo así el reto demográfico y luchando contra la despoblación existente en determinados territorios”. Además, también menciona la promoción de “un sistema de protección social que garantice la sostenibilidad del sistema público de pensiones”.

En la misma línea, la orden ministerial destaca la necesidad de impulsar reformas estructurales en “educación, empleo, innovación, salud, bienestar y justicia social, igualdad de género, integración de la diversidad y sostenibilidad de los modelos de producción y consumo”, en línea con las directrices de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas”.

Además, también subraya la necesidad de “cambiar el modelo productivo; hacer una profunda transición ecológica de nuestra economía; asegurar que los beneficios del crecimiento económico redunden en mayor igualdad y prosperidad; y garantizar los derechos humanos y el estado social de derecho”.

IGUALDAD DE GÉNERO

Por último, el texto resalta que “es indudable que otra referencia transversal del Presupuesto es el enfoque de género”, por lo que “la Administración Pública debe liderar los esfuerzos para conseguir una sociedad de plena igualdad”, siendo el Presupuesto “uno de los principales instrumentos para articular este liderazgo”.

Por ello, destaca que desde 2008 se incorpora al proyecto presupuestario un Informe de Impacto de Género, pero añade que “es el momento ahora de dar un paso más e introducir de manera integrada la perspectiva de género en los programas presupuestarios y, por ende, en las políticas públicas de gasto”.

El objetivo, asegura el documento, es que el Presupuesto “sea un elemento protagonista del cambio cultural que se está impulsando en nuestra sociedad, contribuyendo a incorporar de manera natural la igualdad de género en procedimientos y rutinas de trabajo, comenzando en el ámbito interno de la Administración pero que también tienen su visibilidad y traslación hacia el resto de agentes económicos y sociales”. Para ello, los PGE de 2020 incluirán, por primera vez, un análisis de ‘Realidad, Representación y Resultados’.