Según informa Aena, en el primer caso, el expresidente de USCA, acogiéndose al artículo 153 del I Convenio Colectivo, pidió el 18 de febrero de 2010 la extinción de su contrato laboral y una indemnización de 45 días por año trabajado por la modificación sustancial de sus condiciones de trabajo.

Aena denegó dicha petición y García Gil, quien llegó a afirmar en una entrevista que los controladores son el único colectivo capaz de derrocar a un gobierno, demandó a la empresa.

A pesar de haber pedido la extinción de su contrato, el expresidente de USCA manifestó en junio su intención de continuar trabajando y no jubilarse, a pesar de que cumpliría 65 años en el mes de septiembre, aduciendo que el artículo del I Convenio que establecía la jubilación forzosa a los 65 años había sido invalidado por el Tribunal Supremo.

Aena también rechazó esta demanda y García Gil recurrió su jubilación como despido. El Juzgado recuerda que la sentencia de la Audiencia Nacional de mayo de 2010 estableció la plena constitucionalidad del Real Decreto Ley 1/2010 y de la Ley 9/2010, que modificaban las condiciones laborales de los controladores aéreos, y estableció la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la intervención legislativa.

El Juzgado considera que tanto el Real Decreto Ley del 5 de febrero como la Ley 9/2010 habían dejado sin efecto el artículo 53 del I Convenio Colectivo esgrimido por García Gil para pedir la extinción de su contrato. Afirma además la sentencia que las modificaciones retributivas experimentadas por el expresidente de USCA responden a la estricta aplicación por Aena de las modificaciones en la regulación de las condiciones laborales de los controladores aéreos establecidas en las mencionadas normas, sin que se haya justificado o acreditado ninguna interpretación ilegal o abusiva en dicha aplicación.

En cuanto a la jubilación, el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona recuerda que la cláusula del I Convenio Colectivo de los controladores aéreos, que establecía la jubilación forzosa a los 65 años, es plenamente constitucional.