En un comunicado, las ONG exigieron la inmediata puesta en libertad del menor, y señalaron que "el encierro de menores en los CIE viola toda la normativa internacional de protección de los niños y niñas y la legislación española", desde la propia Constitución hasta las disposiciones del Ministerio del Interior.

Sin embargo, esta práctica "sigue siendo habitual", añadieron y apuntaron que el propio Ministerio del Interior reconoció que en 2018, que se encerraron a 89 menores (el doble que el año anterior).

HECHOS

H. T., de nacionalidad argelina, llegó en patera a las costas de Almería, donde fue detenido el 25 de diciembre. En el auto de internamiento dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería se le hizo constar como mayor de edad, pese a que el chico afirmó tener 16 años y haber nacido en 2003, apuntan desde CIE No.

Esta declaración coincidía con lo indicado por las fotocopias del documento de identidad y de la partida de nacimiento que portaba consigo, así como con la documentación original remitida posteriormente por la familia. "De forma sorprendente, la fecha de nacimiento coincide en día y mes en el auto de internamiento y en las fotocopias de la documentación del chico, pero cambia el año.

Según el auto judicial, el joven ha nacido dos años antes, con lo que para las autoridades españolas es mayor de edad oficialmente". Tras la advertencia de los propios migrantes encerrados en el CIE, el 29 de diciembre integrantes de la Campaña se entrevistaron con H. T. para conocer su relato y recabar toda la documentación disponible, a fin de acabar con su privación de libertad y evitar su devolución a Argelia.

El joven manifestó tener 16 años y mostró las fotocopias de su documento de identidad y de la de su partida de nacimiento, pero tuvieron que que contactar con su familia en Argelia para que mandara la documentación original, cosa que sucedió de inmediato. Debido al endurecimiento de los criterios de la Fiscalía General del Estado respecto a la identificación de los menores extranjeros no acompañados, únicamente son aceptados para demostrar la minoría de edad los documentos originales, auténticos e identificativos. En aquellos casos en los que, por diferentes motivos, no es posible que el menor obtenga su documentación original, los chicos acaban siendo identificados como mayores de edad y, por tanto, privados de libertad hasta 60 días en el CIE y deportados.

El 30 de diciembre, la Campaña presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia en funciones de control del CIE exponiendo los hechos, aportando copias de su documento de identidad y de su partida de nacimiento. En este escrito, se ponía en conocimiento del magistrado que la documentación original y auténtica estaba ya en camino.

Tras recibir la documentación original, la campaña registró un escrito en el juzgado de control, donde se exigía la inmediata puesta en libertad del menor y su paso “a disposición de los órganos de protección oportunos, sin necesidad de la realización de pruebas complementarias de determinación de la edad”.