En concreto, el artículo 6 del Reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera obliga a que este órgano sea convocado “como mínimo, dos veces al año”, pero, con el Gobierno en funciones desde abril y la celebración de dos elecciones generales en un mismo año, los consejeros de Hacienda autonómicos no han sido convocados ninguna vez.

El pasado mes de octubre la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, aseguró que antes de que terminase el año convocaría el CPFF aunque se retrasara la investidura de Pedro Sánchez y la formación del Gobierno, algo que finalmente no se ha cumplido. “Cuando pasen las elecciones y el Gobierno esté constituido o en vías de constituirse, tendremos que ver la aprobación de los planes económicos y financieros”, afirmó entonces.

Ante este incumplimiento, fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por Servimedia argumentaron que “ha sido un ejercicio excepcional”, con un gobierno en funciones y varias convocatorias electorales, por lo que esperan que “cuando haya Gobierno se cumplan los plazos y trámites habituales”.

TECHO DE GASTO Y SENDA

Aparte de los planes económicos de las comunidades autónomas, otros temas pendientes que tiene el CPFF por tratar son la reforma del sistema de financiación autonómica y la aprobación de la senda de estabilidad 2020-2022. Además, el Gobierno tiene que informar al CPFF sobre el techo de gasto de 2020 sobre el que elaborar el proyecto de Presupuestos para el próximo ejercicio.

El artículo 30 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que Hacienda debe informar al CPFF sobre el techo de gasto antes del 1 de agosto, mientras que el artículo 15 de la misma ley fija que el Gobierno debe aprobar en el primer semestre del año, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, los objetivos de estabilidad presupuestaria, esto es, de déficit y deuda, así como el techo de gasto, y que para ello debe remitir las respectivas propuestas al CPFF antes del 1 de abril.

Estos plazos también se han incumplido debido a la situación de bloqueo político vivida durante 2019, pero, una vez se forme un Gobierno, este deberá dar esos pasos para elaborar un Presupuesto para 2020 así como para aprobar una nueva senda de estabilidad, ya que la actual sólo fija los objetivos de déficit y deuda hasta 2020.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La mayor tarea pendiente del CPFF es la reforma del sistema de financiación autonómica, actualizado por última vez en 2009 con una previsión de vigencia de cinco años, por lo que desde varias autonomías llevan años reclamando modificarlo para adecuarlo a sus necesidades, al considerarse infrafinanciadas con el actual.

La reforma del sistema de financiación autonómico es un compromiso adquirido en enero de 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy con las comunidades autónomas tras la Conferencia de Presidentes celebrada en aquellas fechas. En concreto, se fijó como objetivo reformar el sistema a lo largo de 2017, pero entonces el Ejecutivo del PP se escudó en la situación política vivida en Cataluña y la ausencia de la Generalitat en las distintas reuniones del CPFF para justificar el incumplimiento de dicho compromiso.

Como resultado del acuerdo de la Conferencia de Presidentes, en febrero de 2017 el Consejo de Ministros creó una Comisión de Expertos, integrada por profesionales propuestos por el Estado y por cada autonomía, que elaboró un informe con propuestas para la reforma del sistema. Posteriormente, en noviembre de ese mismo año se constituyó el Comité Técnico Permanente de Evaluación del CPFF, en el que Cataluña decidió no participar, y que realizó un nuevo informe con las propuestas presentadas por cada comunidad.

Ya en 2018, el todavía Gobierno popular mostró su intención de avanzar para que el trabajo técnico de los expertos diera paso al trabajo político entre las comunidades autónomas y el Estado, una voluntad que se mantuvo con el cambio de Ejecutivo producido en junio de dicho año, cuando la moción de censura contra Mariano Rajoy dio paso al Gobierno socialista de Pedro Sánchez, quien estando en la oposición había reclamado la reforma del sistema.

Sin embargo, una vez investido presidente, Sánchez argumentó carecer de tiempo en lo que quedaba de legislatura para abordar la reforma, posponiéndola a después de las siguientes elecciones generales. Sin embargo, comenzaron las reuniones de carácter político de la comisión integrada en el CPFF para la financiación autonómica, en la que llegó a participar un representante de la Generalitat de Cataluña, pero el bloqueo vivido durante 2019 ha mantenido la reforma parada. Esta situación ha provocado un cruce de acusaciones entre el PP y el Gobierno, ya que mientras los populares critican que no se haya convocado el CPFF en 2019, el Ejecutivo reprocha al PP que no avanzara en la reforma durante las dos legislaturas en las que estuvo en La Moncloa.

Uno de los mayores retos de dicha reforma será el debate sobre la armonización de impuestos como el de Sucesiones o Patrimonio, ya que algunas comunidades autónomas han optado en los últimos años por bonificarlo haciendo que en la práctica no se apliquen, originando quejas de otras regiones, cuyas dificultades para conseguir ingresos son mayores, sobre el perjuicio que este 'dumping fiscal' les crea al competir a la baja en la aplicación de la fiscalidad.