La propuesta, que supone una revisión sistemática de todos los aspectos regulatorios universitarios que guardan relación relevante con las personas con discapacidad, se entregará al nuevo Gobierno y al legislador para que inspire e informe la normativa y la acción pública en materia de universidades, según informó la entidad.

Con este “arsenal normativo”, que abarcará desde la formulación de sugerencias de mejora a la Ley Orgánica de Universidades, como al acceso a la profesión docente e investigadora, pasando por la regulación de los Consejos Sociales de las universidades para que incorporen representación de la sociedad civil de la discapacidad o el marco de becas al estudio, el Cermi señala que pretende avanzar “más enérgicamente en pos de una universidad inclusiva”.

“Desde la última gran reforma de la legislación orgánica universitaria, que data de 2007, en la que gracias a los planteamientos del Cermi se introdujo un primer bloque normativo a favor de la inclusión, la presencia y la calidad de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad se han incrementado significativamente, pero el déficit es todavía considerable y se precisan nueva medidas de acción positiva para que este proceso sea irreversible”, añadió la organización.