Según informó este lunes la Policía, las investigaciones comenzaron durante el pasado mes de marzo, tras recibirse varias denuncias que alertaban de presuntas irregularidades cometidas en mpresas situadas en los partidos judiciales de Avilés, Gijón, Langreo, Mieres y Oviedo.

Los empresarios de las sociedades indagadas no pagaban los seguros sociales de sus trabajadores en su propio provecho, con el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social. Esto se habría realizado en sectores tan diversos como la restauración, la hostelería, la panadería, el procesado de carne, la limpieza, la asesoría, la ingeniería, la construcción, la climatización, la calderería y la educación.

Tras un minucioso estudio de la documentación, se observó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, y, para ello, en varios de los casos crearon sucesiones empresariales opacas y empresas pantalla que ocultaban los beneficios y el patrimonio de las sociedades investigadas.

EMPRESAS INTERPUESTAS

Los 32 responsables del delito puestos a disposición de la justicia han resultado ser principalmente los administradores de hecho de las empresas, pero también sus testaferros, algunos trabajadores que figuraban en connivencia, así como familiares de los primeros.

Se les imputa delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones) e insolvencia punible. También se atendió una reclamación judicial de uno de los investigados.

Uno de los grupos empresariales deudores investigados tenía encomendada la prestación de un servicio público para el procesado, conservación y comercio de carne. Su administrador no efectuó el alta en la Seguridad Social de sus trabajadores hasta 2014 pese a hacerse cargo de la actividad desde el año 2005, figurando los mismos en una segunda empresa que soportaba las deudas que se generaban por los impagos de los seguros sociales.

El responsable detenido ha desarrollado su actividad durante años a través de sociedades adjudicatarias de concesiones administrativas supramunicipales en distintos puntos de la geografía asturiana, causando un perjuicio a la Seguridad Social que asciende a 3.304.698,68 euros.