Así lo anunció la organización a través de un comunicado en el que precisó que el pasado miércoles presentó una denuncia en este sentido ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que ha determinado recientemente que una persona física puede ser sancionada por la difusión no autorizada de comunicaciones personales de terceros.

Facua ha enviado esta documentación después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranda haya abierto una causa por la difusión de los audios para investigar la posible comisión de delitos contra la intimidad de la víctima, y a pesar de que los mismos han sido publicados también por numerosas cuentas anónimas de Twitter, al entender que estas personas tienen una “importante relevancia pública”.

La organización subrayó que los delitos contra la intimidad relacionados con el descubrimiento y revelación de secretos están tipificados en el artículo 197 del Código Penal y que quienes se apoderen de forma ilícita de comunicaciones de terceros, las compartan o difundan pueden ser condenados a hasta siete años de prisión.