En concreto, la Fiscalía Anticorrupción solicita siete años de prisión y multa de 50 millones de euros para el ex secretario general de UGT Francisco Fernández Sevilla y para el extesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín Osuna y el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L. Enrique Emilio Goicoechea Salazar. Para la responsable del departamento de Compras del sindicato María Dolores Sánchez Montaño pide cinco años de cárcel y una multa igual de 50 millones.

Además, para los otros diez acusados, que eran proveedores del sindicato, la Fiscalía reclama penas de tres años de prisión y multas de 3.600 euros. En concepto de responsabilidad civil Francisco Fernández Sevilla, Federico Fresneda, María Charpín y Enrique Goicoechea tendrían que indemnizar a la Junta de Andalucía de manera conjunta y solidaria con 40.750.047,74 euros, y Dolores Sánchez con 4.288.707,74 euros.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía considera responsable civil subsidiario al sindicato UGT-A por la totalidad de las cuantías presuntamente defraudadas y le reclama también las multas que solicita para la antigua cúpula de la organización sindical.

A los proveedores les reclama indemnizaciones que oscilan entre los 638,56 euros y el millón de euros, y también considera responsable civil subsidiario de determinadas cuantías a las empresas proveedoras como Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar DM, Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Caronte y Carpetas Badía.

Entiende el ministerio público que UGT Andalucia ha sido beneficiaria de subvenciones gracias a su "posición política, social y económica, como institución de relevancia en nuestro sistema político" y que un nutrido grupo de ellas estuvieron destinadas a impartir formación en una comunidad autónoma “donde el paro es un grave problema".