Así lo dijeron a Servimedia fuentes de Hacienda, que señalaron que se ha actuado de la misma forma que con todas las autonomías que incumplen los objetivos de estabilidad y que el contenido de la carta remitida a la Junta es el mismo que las enviadas en otras ocasiones a otros gobiernos autonómicos en la misma situación.

Desde el ministerio niegan que su actuación implique, tal y como denuncia la Junta, una intervención, ya que, aseguran, el gobierno andaluz sólo tiene que presentar un nuevo Plan Económico Financiero (PEF) en el que se corrija la desviación del objetivo de déficit y que para ello tiene libertad para tomar las medidas de incremento de ingresos o recorte del gasto que considere.

Desde la aprobación en 2012 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las comunidades autónomas que incumplen el objetivo de estabilidad, la regla de gasto o el objetivo de deuda pública deben presentar un Plan Económico-Financiero. Además, las comunidades que solicitan su adhesión a algunos de los mecanismos extraordinarios de liquidez aprobados en 2014 tienen la obligación de presentar un plan de ajuste.

Se fijó un procedimiento exhaustivo por Acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) el 5 de julio de 2018 que es igual para todas las comunidades y que establece los criterios objetivos para poder salir a los mercados. Andalucía, hoy, no cumple las condiciones fijadas en ese acuerdo, según el Ejecutivo central.

Para acceder a los mercados, la comunidad autónoma debía estar adherida al compartimiento de facilidad financiera y cumplir los objetivos de déficit y deuda pública. Las fuentes consultadas explican que Andalucía cumplía esos requisitos gracias a que, en 2017, último año completo en el que María Jesús Montero estuvo al frente de la Consejería de Hacienda, la comunidad no rebasó el límite de déficit ni el de deuda pública.

Sin embargo, el preceptivo informe publicado el pasado mes de noviembre sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de regla de gasto reflejó que Andalucía incumplió los tres requisitos en 2018.

Ahora, añaden los interlocutores de Hacienda, se hace lo que dice la norma, que es que hasta que no se cumplan los requisitos no se pueden autorizar nuevas emisiones de deuda. Esto no afecta a las ya autorizadas. Esto implica que Andalucía sale del compartimiento de facilidad financiera y pasa al Fondo de Liquidez Autonómico.

No existe, por tanto, ningún trato arbitrario hacia Andalucía, dicen desde Hacienda. Es el incumplimiento de las reglas fiscales lo que impide que Andalucía pueda acudir a los mercados, y la sostenibilidad financiera del conjunto del Estado lo que motiva a hacerlo. Así se comunicó a la Junta de Andalucía el pasado 5 de diciembre, antes de la aprobación de los presupuestos autonómicos.

“No hay ninguna intervención”, añade el Gobierno, que dice que es incorrecto decir que el “Ministerio de Hacienda ha intervenido las cuentas andaluzas”. ”El hecho de financiarse a través de los fondos de liquidez autonómicos o presentar planes de ajuste entra dentro de la normalidad de los últimos ejercicios y no implica una intervención de las cuentas públicas. Prácticamente todas las comunidades autónomas, en un momento u otro, han estado en esta situación”, remarcan en Hacienda.