Así lo explicó en la rueda de prensa posterior al Gabinete la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, como titular del departamento impulsor de la norma.

Pajín dijo que la futura ley de Igualdad de Trato pretende "visibilizar problemas de discriminación" que ya existen y ofrecer para ellos el "tratamiento jurídico adecuado", forjando así "una ciudadanía más tolerante" y "una sociedad que no humille a nadie".

Y es que, aclaró la titular de Sanidad, la futura ley no será sólo para "las minorías", porque la igualdad de trato es algo que afecta a todos por motivos de edad, de enfermedad, de discapacidad o de otros muchos aspectos.

Concebida como una ley "de derecho antidiscriminatorio, más que de derechos sociales", la futura norma quiere ser "un código activo de igualdad" que vele por la prevención y erradicación "de cualquier forma de discriminación", así como por la protección y reparación de las víctimas.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

De esta forma, su ámbito de aplicación alcanza a todos los espacios de la vida política, económica, cultural y social, aunque en especial al empleo público y privado y trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia; a la afiliación y participación; educación; sanidad, prestaciones y servicios sociales; acceso a bienes y servicios a disposición del público, incluida la vivienda, y medios de comunicación y publicidad.

En cuanto a los motivos de discriminación que abarca, el anteproyecto habla de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

La nueva norma contempla la creación de un órgano independiente, la Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que preste asistencia a los afectados y promueva fórmulas de mediación o conciliación entre las partes con su consentimiento.

Esta Autoridad podrá investigar por cuenta propia la existencia de posibles situaciones de discriminación y ejercitar acciones judiciales en defensa de los derechos derivados de la igualdad de trato.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Por último, el apartado sobre las infracciones y sanciones en materia de igualdad de trato y no discriminación establece el régimen general de infracciones y sanciones común para todo el Estado y las normas específicas para su aplicación por la Administración General del Estado.

Las infracciones se califican como leves, graves o muy graves y se definen las conductas que constituyen cada infracción. Además, se señala que las infracciones serán sancionadas con multas, se efectúa una previsión de sanciones accesorias y sustitución de sanciones y se define los criterios de graduación de las sanciones, teniendo en cuenta los supuestos de discriminación múltiple.