En dicha información El País refiere que "la Comunidad de Madrid ha admitido la existencia de 196 contratos firmados entre 2009 y 2013 con la cláusula del 1% que se investiga en la Audiencia Nacional. Esos acuerdos fueron firmados por la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, o por la extinta Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra), por lo que no incluyen los rubricados por la Consejería de Sanidad y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), también bajo investigación".

Rodríguez Uribes dijo que “ya veremos cómo acaba este procedimiento judicial, pero hay indicios graves de criminalidad, que además tienen que ver con una confusión de muchos años entre lo institucional y lo partidario”.

Afirmó que, “con la coartada de la publicidad se ha podido financiar al PP”, y manifestó que “es una cosa seria con millones de euros afectando a las arcas públicas”.

A su juicio, “las responsabilidades políticas deben dirimirse cuando hay indicios claros de criminalidad”.

Consideró que el PP “tiene que dar explicaciones” y dijo que, en esa noticia, “claro que hay responsabilidades políticas”.

Dijo que éste “no es solo un caso concreto de una consejería, sino que se apunta a que afecta a varias y tiene naturaleza estructural y sistémica”.

Insistió en la necesidad de “dar explicaciones y asumir responsabilidades políticas”, ya que “el juez apunta a que ese dinero, si el uso que se hizo no es para publicidad, fue a financiar campañas del PP”.