Entre los acusados está también Alfonso Paz Andrade, exconsejo delegado, toda la cúpula de la compañía viguesa, así como el auditor de la empresa, BDO. Se les acusa de ocho delitos: falseamiento de cuentas, falseamiento de información económica y financiera, falsedad en documento mercantil, estafa, insolvencia punible, alzamiento de bienes, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo supervisor.

El que fuera presidente de la compañía Manuel Fernández, se enfrenta a una petición de penas de 32 años de cárcel y multas por 22 millones de euros, su hijo Pablo Fernández Andrade a 13 años y seis meses; y su hermano Fernando Fernández de Sousa-Faro a 10 años y seis meses. También su mujer, Rosario Andrade, se sienta en el banquillo con una petición de seis años de prisión. Mientras, Alfonso Paz Andrade, entonces consejero delegado, se enfrenta a 12 años y seis meses y 3,8 millones de euros de multa.

Pero también hay peticiones millonarias de multas para las compañías implicadas. La mayor es de la de 261 millones por delito de estafa que se piden para Pescanova SA. Hay que añadir las peticiones de cantidades en concepto de responsabilidades civiles, entre las que están 52 millones para indemnizar a Luxempart o 40 millones para Corporación Damm, ambas presentes en el consejo. Los bancos también piden indemnizaciones. Asío lo hace Bankia (19,9 millones), Ubi Banca (18,9 millones) o Banco Espirito Santo, que reclana 47,9 millones.

El auto de apertura de juicio oral señala que la investigación ha permitido determinar que la insolvencia de Pescanova tiene su origen en prácticas irregulares ligadas directamente al área financiera, la obtención de financiación de los bancos mediante la concesión de créditos sin documentarlos y mediante el descuento de facturas con base en ambos casos en operaciones inexistentes o simuladas circunstancias que era ocultada a los bancos, precisa.

También están citados como testigos el presidente de Nueva Pescanova, Jacobo González Robatto, y el consejero delegado del grupo, Ignacio González, serán llamados a testificar en el juicio por la quiebra de la vieja Pescanova, en el año 2013. El juicio se celebrará en la sede de la Audiencia de San Fernando de Henares, la reservada para las macrocausas.

Además de los dos máximos responsables de sacar adelanta a la compañía pesquera, refundada como Nueva Pescanova; la sala escuchará también los testimonios de Antonio Basagoiti, que sucedió a Fernández de Sousa en la presidencia tras la quiebra; José Carceller Arce, presidente del grupo Damm y accionista de referencia en el 2013; o Senén Touza Touriño, que fue el administrador concursal.

Los administradores, bajo el control último de De Sousa, falsearon supuestamente la situación contable de la empresa al menos desde el 2009 al 2011. La defensa del expresidente del grupo pesquero alega al respecto que Pescanova fue víctima de un proceso piramidal insostenible alimentado por los bancos, a los que responsabilizan del endeudamiento del grupo.