Así lo aseguró este viernes Javier Maroto, vicesecretario de Organización del PP y portavoz de este partido en el Senado, que, junto a una delegación de su fuerza política, ha estado esta semana en Venezuela, a donde habían sido invitados por la oposición y el presidente interino, Juan Guaidó.

Maroto explicó que durante este viaje alcanzaron el “compromiso” con la oposición venezolana de promover que la UE extienda el número de “sanciones individuales” contra los dirigentes chavistas y sus familiares, ya que es una forma de debilitar al régimen sin perjudicar a la mayoría de la población.

Este dirigente del PP indicó que actualmente en Venezuela los dirigentes del chavismo “roban de manera brutal y a manos llenas”, por lo que hay que evitar que estas personas y su entorno puedan disfrutar de todo este dinero en el extranjero. Sostuvo que impedir que esta clase dirigente pueda disfrutar del dinero sacado de su país puede hacer que les sea “inconveniente” seguir apoyando como presidente a Nicolás Maduro.

DECISIÓN UNITARIA

En este sentido, Maroto se refirió a que, según trasladó la oposición venezolana a la delegación del PP, España es uno de los países donde dirigentes del chavismo o sus familiares están disfrutando del dinero robado. En este sentido, afirmó que hay que evitar que España se convierta en el “paraíso fiscal de los chavistas”.

Sobre cómo llevará a la práctica la formación popular que la UE aumente su lista de dirigentes chavistas sancionados, señaló que en la delegación del PP en el Parlamento europeo está el padre de Leopoldo López, que conoce bien este asunto.

En todo caso, Maroto indicó que la oposición venezolana les ha trasladado que en este asunto de las sanciones es importante la “unidad” de la UE, ya que no es operativo que la lista de personas a las que se congelan los bienes o se impide viajar a territorio comunitario es distinta en cada país.

En este sentido, en 2018 la UE decidió sancionar a 18 dirigentes de Venezuela, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con la congelación de sus activos en suelo europeo y una prohibición de viajar a los países comunitarios. En septiembre de 2019 a esta lista se añadieron siete funcionarios venezolanos relacionados con la muerte del militar Rafael Acosta.