Con 50 votos a favor y 18 abstenciones, la Cámara Baja convalida así este real decreto ley que entró en vigor el pasado domingo y cuyo efecto se producirá a partir del 1 de enero de 2020.

Para acogerse a este beneficio de mantener la retribución los responsables de estas instalaciones deben renunciar a los procesos arbitrales o judiciales en marcha, así como a la percepción de las indemnizaciones que se les hayan reconocido. Si estas instalaciones no aceptan estas condiciones a partir del 1 de enero de 2020 su retribución se reducirá del 7,39% al 7,09%, lo mismo que ocurrirá con aquellas instalaciones más modernas que no sufrieron el recorte de 2013.

Actualmente siguen abiertos 45 laudos arbitrales contra el Reino de España por ese cambio regulatorio, cuyas denuncias se acercan a los 10.000 millones de euros. Además, se han resuelto ya diez en contra de los intereses del país, reconociendo indemnizaciones por valor de 821 millones.

DEBATE

Durante la defensa del real decreto ley, la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, señaló que esta medida es “condición necesaria pero no suficiente” para abordar la transición energética, y destacó que era “ineludible” dar respuesta “con carácter urgente” a las cuestiones que aborda, ante el riesgo de “perder credibilidad” ante inversores y con el objetivo de eliminar las incertidumbres sobre qué ocurriría a partir del 31 de diciembre.

Así, aseguró que de no aprobarse este real decreto ley se llegaría a una situación de inseguridad jurídica “inaudita”, por lo que apuntó que la norma servirá para “generar confianza y evitar dejar en la estacada a muchas familias que invirtieron en renovables”.

Además, Ribera aseguró que la medida en ningún caso supondrá un incremento del precio de la electricidad, sino que, por el contrario, “en el mejor de los casos supondrá una reducción”, y que “supone como mucho mantener el valor de la rentabilidad que venían recibiendo las instalaciones”, por lo que tildó de “torticeras y burdas” las críticas vertidas en los últimos días apuntando en el sentido contrario.

Por el PP, el diputado Guillermo Mariscal anunció que, “por responsabilidad”, su grupo no votaría en contra de la convalidación del real decreto ley, pese a considerar que llega “tarde” y que no servirá para reducir la alta litigiosidad.

Para el representante popular, el origen de la situación que esta norma solventa se debe a “una política energética errática” iniciada con el Gobierno del PSOE con Zapatero y que el de Rajoy “corrigió los errores”.

En representación de Ciudadanos, la diputada Melisa Rodríguez, criticó que se ha llegado a esta situación por una “estafa” del Gobierno de Zapatero a los pequeños inversores en renovables y que luego el Ejecutivo de Rajoy cambió la normativa con retroactividad, por lo que consideró que la imagen de España en materia energética ha sido “deplorable”. Así, anunció el voto favorable de su formación por la “urgencia” existente, a pesar de considerar el real decreto ley “un parche”.

“Ahora más que nunca necesitamos un pacto de Estado por la energía y un proyecto a 30 años”, declaró, para añadir a continuación que “hay una gran oportunidad” para ello en la próxima legislatura.

En nombre de Unidas Podemos, el diputado Gerardo Pisarello indicó el voto favorable de su formación al considerar que “hace tiempo que concurre una situación de extraordinaria y urgente necesidad” y que la medida supone “un primer paso para un cambio de rumbo” y tener “valentía para acometer un cambio económico y energético con una mirada ecológica y modernizadora”.

Además, advirtió sobre los “efectos devastadores de las demandas millonarias” que hay contra España, por lo que el decreto “ayuda a minimizar daños”. Por último, mostró su confianza en que la medida sirva para “recuperar una década perdida” y que a partir de ahora se produzca “una transición energética que es inaplazable y que recaiga en quien más contamina”.

Por parte de Vox, el diputado Ignacio Garriga criticó que “la política energética de los últimos 40 años se ha hecho a base de ideologías y no teniendo en cuenta el porvenir de los consumidores ni atendiendo a criterios de eficiencia energética” y reclamó dar al sector estabilidad en el largo plazo.