Caballero comentó que quieren dicho decreto ley "porque prevemos que no habrá ley de presupuestos aprobada antes de marzo del próximo año” y a los ayuntamientos les conviene “que el superávit pueda licitarse en 2020 y terminar de ejecutarse en 2021, así como ampliar el catálogo de inversiones financieramente sostenibles”.

El presidente, que encabezó hoy la primera Junta de Gobierno de la FEMP del mandato 2019-2023, subrayó que “en 2019 seguiremos siendo la Administración más cumplidora de la arquitectura constitucional española, porque seguiremos teniendo superávit, reduciendo deuda y manteniendo techo de gasto”.

Sobre esta última cuestión, también demandará la “plasmación en normas de los acuerdos del grupo técnico sobre techo de gasto”, acuerdos alcanzados a finales del verano pero que no se ha podido llevar adelante con un Gobierno en funciones.

Entre esos acuerdos figuran la exclusión de los gastos atípicos extraordinarios del cómputo sobre techo de gasto; la incorporación de los gastos plurianuales, fundamentalmente los relacionados con Europa; que las transgresiones de techo de gasto que se solucionen a través de remanentes no lleven aparejada la elaboración de un Plan Económico Financiero (PEF); y que la ley de financiación tenga un reglamento.

Caballero, que valoró de forma positiva la recepción en los gobiernos locales de las entregas a cuenta este próximo mes, aseguró que “falta por resolver el problema del sistema inmediato de información del IVA la cuota mensual de diciembre de 2017” que “se escatimó a los ayuntamientos y diputaciones por razones contables”, y que asciende a 753 millones de euros.

A su juicio, “se podría haber arreglado de otra forma” y “queremos reclamarla”. El mecanismo para retornar esta cantidad es otra de las cuestiones que el presidente de la FEMP planteará a la titular de Hacienda.

En relación con el Impuesto de Plusvalías, cuya reforma está pendiente de la actividad legislativa de las Cámaras, Caballero anunció que, al texto ya acordado para tramitación, se añadirán modificaciones que se ajusten a la última sentencia del Tribunal Constitucional, en el sentido de que “la cuota de impuesto del impuesto no puede superar la plusvalía que efectivamente haya tenido el sujeto pasivo”.

Caballero concluyó recordando que “queremos la reforma de la financiación local, queremos que se haga simultáneamente y en paralelo a la financiación de las comunidades autónomas”. “No queremos quedar de factor residual después de la negociación de la financiación autonómica”, aseguró.