Ante este escenario, instó a las administraciones públicas a trabajar con un enfoque de género y también de infancia para detectar el riesgo al que están expuestos los menores, ya que la violencia intrafamiliar “afecta a todos los miembros”, según apuntó a través de un comunicado emitido con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

A este respecto, reclamó la adopción de medidas que garanticen la detección del riesgo y aumenten el nivel de protección de los menores, que se convierten en víctimas “directas o indirectas” de esta violencia.

Y ello, teniendo en cuenta que a las víctimas mortales se unen “muchas más” que sufren la violencia en su ámbito familiar y permanecen “invisibles” en el cómputo a pesar de que viven en un ambiente “tóxico” que afecta a su desarrollo emocional, a su salud física y mental, y a su maduración emocional y social, advirtió la organización.

En este sentido, su presidente, Pedro Puig, señaló que esta “experiencia traumática” les genera “inseguridad, miedo, ansiedad, preocupación y un sufrimiento terrible”. “El daño es inmenso, en ocasiones irreparable”, denunció, al tiempo que destacó que en muchas ocasiones tiene “consecuencias” en las relaciones sociales, el rendimiento académico y el nivel de atención, además de producir problemas de autoestima y agresividad, entre otros.

Para Puig, es urgente “actuar” para detectar el riesgo que corren y “dar visibilidad” a estos menores y estimó que las administraciones públicas deben trabajar también con un “enfoque de infancia”.

Convencido de que la sociedad en su conjunto ha de implicarse para acabar con esta lacra y avanzar para “aceptar tanto social como judicialmente que un maltratador no puede ser un buen padre”, el responsable de Aldeas Infantiles SOS calificó de “insuficientes en la práctica” los “pasos” dados a nivel normativo para proteger a los menores que viven la violencia de género.

En este punto, subrayó que la suspensión del régimen de visitas a padres condenados por malos tratos se decreta como medida cautelar en un “porcentaje mínimo” de los casos, un 2,9% en 2018.

“El interés superior del niño y su derecho a ser escuchado deben prevalecer sobre todo lo demás”, enfatizó el presidente de Aldeas Infantiles SOS, organización que consideró “positivas” las medidas adoptadas a través del Decreto-Ley 9/2018 para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aunque denunció se “quedan cortas”.

Así, urgió a desarrollar protocolos de valoración del riesgo que determinen “con rapidez, eficiencia y de forma individual” el nivel del mismo y, en caso necesario, emitir una orden de alejamiento y estimó que la Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, cuyo anteproyecto aún debe pasar el trámite parlamentario, “ha de incluir medidas concretas en este sentido”.

Finalmente, recordó que poner fin a todas las formas de violencia contra los niños es la meta 16.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.