El texto contempla la posibilidad de que las 64.000 instalaciones renovables afectadas por el recorte a su retribución, aplicado en la reforma energética que llevó a cabo el Gobierno de Rajoy en 2013, puedan seguir manteniendo el valor actual durante dos periodos regulatorios más, hasta el año 2031. En la práctica asegura la retribución durante 12 años.

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) y la Asociación Empresarial Eólica (AEE) coincidieron en solicitar “consenso” y “apoyo” de todos los partidos políticos para que la regulación salga adelante en el Congreso en beneficio de la industria y la necesaria transición energética.

La APP valoró que la norma fija “con claridad la rentabilidad de las plantas existentes durante los próximos doce años y proporciona también visibilidad de la futura retribución para las nuevas instalaciones”, justo a escasas semanas del cambio de periodo regulatorio.

“Es un gran paso para eliminar la incertidumbre regulatoria que se ceñía sobre el sector renovable”, celebró la APP, recordando que las energías renovables son responsables de más del 38% de la electricidad consumida en España “y han sufrido en los últimos años un vaivén de normas que han llevado al sector a una fuerte judicialización”.

Los sucesivos recortes a las energías renovables, que, tras la reforma del sector, supusieron una reducción de la retribución del orden del 30% a las instalaciones, provocaron un aluvión de demandas contra el Gobierno por parte de inversiones internacionales en cortes de arbitraje.

Con la nueva norma, la APP ve la intención de “devolver al sector renovable la estabilidad al evitar el vacío legal que se hubiera producido el 31 de diciembre de 2019 con el final del periodo regulatorio”, dando así “visibilidad a los ingresos futuros de un sector fuertemente regulado” en un momento especialmente clave.

De hecho, el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) cifraba en más de 57 GW la nueva potencia renovable a instalar y en más de 101.600 millones de euros las inversiones necesarias.

En la Asociación Empresarial Eólica (AEE) indicaron que el Real Decreto Ley prorroga el valor actual de la rentabilidad razonable de las instalaciones de energías renovables, cogeneración y residuos para los próximos 12 años.

“El Real Decreto Ley supone una medida importante para afianzar la seguridad jurídica para las instalaciones del sector eólico y una base fundamental para construir la confianza de los inversores de cara al reto de financiar la transición energética planificada en el PNIEC”, añadió.

En este sentido indicó que la “predictibilidad y estabilidad regulatoria” es la perenne demanda del sector eólico y sin ellos “sería imposible alcanzar el nivel de inversión y el empuje que serán necesarios en los próximos años para la transición energética que España debe acometer”.