En este sentido, explicó que la concejala de Hacienda, Contratación y Patrimonio inició, con la llegada del nuevo Gobierno, un análisis de los expedientes del anterior mandato. “No sólo ha constatado que quedaban tres céntimos en las partidas de Festejos y 150.000 euros de facturas sin tramitar, sino que ahora ha detectado de nuevo una grave situación”.

“Se trata de un claro ejemplo de la falta de gestión del anterior Gobierno municipal”, indicó, “se trata de 228 expedientes se han quedado sin recaudar, por un valor de 283.654 euros relativos al incumplimiento de la normativa de la instalación de terrazas y veladores por parte de algunos establecimientos según ha detectado la Policía Municipal; una cantidad que nunca se ha ingresado debido a la inacción del equipo de Gobierno”.

Según resaltó, “cuando desde la concejalía se solicitaron los expedientes actuales, se pensaba que se procedería a la tramitación de la anualidad 2019, pero estos expedientes databan desde 2014, por lo que se solicitó un informe al servicio de Patrimonio y a la Asesoría Jurídica a los efectos de proceder a su tramitación”.

De este modo, se constató que 136 expedientes se encontraban sin iniciar, otros 74 estaban iniciados, aunque no se había realizado nada en este sentido; y 18 tenían propuesta de resolución tan sólo a falta del trámite de llevar al órgano competente.

“Esta situación no sólo supone un despropósito a los más de 1.300 establecimientos que sí han cumplido durante estos seis años la normativa con su correspondiente licencia, sino un desprecio al trabajo de la Policía Municipal ya que se ha ‘tirado a la basura’ el trabajo realizado durante estos años puesto que estas sanciones han quedado en ‘papel mojado’ por la dejadez del anterior Gobierno”, manifestó.

Para la alcaldesa, esta situación generó “un serio perjuicio a las arcas municipales, así como un desprecio al trabajo realizado por la Policía Municipal en esta ciudad” y calificó como “un ejemplo de la voluntad del anterior Gobierno de destruir los servicios públicos y alejarlos de la calidad que requiere la ciudadanía”.

De Andrés recordó que “con esta cantidad podríamos haber aumentado la partida de Ayuda a Domicilio para los mayores de la ciudad o casi duplicar lo presupuestado para Ayudas de Emergencia, se ha despreciado y gestionado de forma intolerable un recurso económico imprescindible para la ciudadanía”.

Finalmente, señaló que “la administración está obligada a resolver estos expedientes por lo que se debe firmar un decreto de caducidad que implicará ‘tirar a la basura’ más de 283.000 euros y ‘dar por buenas’ acciones no acordes a la normativa cometidas en esta ciudad, lo que supondrá un agravio comparativo con respecto a los establecimientos que sí cuentan con la licencia pertinente”.