Así se pronunció en la sede nacional del PP al ser preguntada por la afirmación clara de Torra en la sala de vistas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), reconociendo su desobediencia a la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos en las elecciones municipales de mayo.

Al final de la mañana, la Fiscalía elevó a definitiva la petición de un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros. La acusación popular de Vox reclama dos años de inhabilitación y multa de 72.000 euros y la defensa, la libre absolución.

En este contexto, la vicesecretaria general del PP manifestó su “absoluto respeto a los tribunales y a la Justicia” y consideró que “está claro que en este país el Estado de Derecho funciona y a aquel que infringe las normas que nos hemos dado” se le “sienta en el banquillo” siguiendo lo dictaminado por el propio ordenamiento jurídico.

Dicho esto, sostuvo que Torra en realidad “está inhabilitado políticamente desde hace mucho tiempo” y señaló que no entendía a qué espera el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para enviarle el requerimiento de cumplimiento de la legalidad y la Constitución, el paso previo a la aplicación del artículo 155.

Igualmente, manifestó su “absoluto respeto a la Justicia y a las actuaciones que vaya a llevar a cabo” cuando se le preguntó por la propuesta de juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de juzgar a siete personas, entre ellas al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, por delitos de fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos agravado en relación con la compra de la sociedad brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II entre los años 2012 y 2014.