Así lo dijo Barrera en una entrevista concedida a Servimedia en la que insistió en la derogación de la reforma laboral para tener un “impacto inmediato” en el mercado laboral, y posteriormente, reformar el Estatuto de los Trabajadores, como ha propuesto el Gobierno, ahora en funciones.

Barrera estimó que el nuevo Estatuto supone tramitar una reforma legal que llevaría entre dos y tres años, “y más con la división que hay actualmente”, con lo que consideró que, en primer lugar, habría que acometer la derogación de la normativa de 2012.

En caso de que no se acceda a esta pretensión, esta responsable de UGT advirtió de que “a lo mejor nos vamos a tener que ver mucho en la calle” porque los tiempos “no son infinitos” para que el Gobierno acometa dicha derogación.

Así, incidió en que, si en uno o dos años se vuelve a un escenario de recesión económica, “la cuestión va a ser muy seria, no se va a poder plantear una nueva caída del empleo sobre el escenario de desprotección” actual de los desempleados, con una tasa de cobertura que alcanzaba en septiembre al 61,6% de los parados.

En este sentido, aunque la recuperación del subsidio a mayores de 52 años ha tenido efecto sobre la tasa de cobertura, Barrera manifestó desánimo en el sindicato por el “corto efecto” de esta medida.

Preguntada sobre la posibilidad de que el paro se enquiste en los tres millones, Barrera admitió que en UGT tienen “ciertos temores porque la tendencia es que el paro estructural se consolide”, indicando que un 31% de los parados llevan más de dos años sin trabajo.

En resumen, la responsable de Empleo y Seguridad Social del sindicato abogó por una reforma de las políticas activas de empleo para que se focalicen más en las necesidades de los desempleados.

Barrera se refirió a la contratación temporal de corta duración para considerar que las penalizaciones por usar contratos de cinco o menos días no están siendo efectivas y que “lo deseable sería que dentro de la norma se obligara a una serie de procedimientos previos que obligaran a las empresas a justificar muy mucho, y que tuviera que haber un control administrativo” sobre los contratos más inestables que, a su juicio, “deben ser excepcionales”.

PENSIONES

Por otra parte, Barrera señaló que UGT va a ser “más exigente” con la reforma de las pensiones, dado que el acuerdo en el Pacto de Toledo que estuvo a punto de salir adelante era “de mínimos”.

Recordó las peticiones de su sindicato de financiar con impuestos los gastos no contributivos que afronta la Seguridad Social, o pasar ingresos superavitarios en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al pago de pensiones, con el objetivo de eliminar el déficit de la Seguridad Social en uno o dos años.

A su juicio, estas medidas las podría haber adoptado ya el Gobierno y en el Pacto de Toledo abordar una reforma integral de la Seguridad Social.

“Al final, el problema tiene una magnitud absolutamente tremenda, más por cuestiones de política y de foto que por lo que realmente requeriría”, consideró, y advirtió de que si aumenta el paro y el déficit de la Seguridad Social, el Estado puede encontrarse en dificultades financieras.