El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón investiga este asunto desde el verano y ya ha acordado la imputación del BBVA como persona jurídica por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. El banco habría contratado a Villarejo para espiar a la constructora Sacyr cuando intentaba hacerse con el control de la entidad en 2004.

El ministerio público pide al juez que tome declaración al que fuera presidente de la entidad. Está pendiente también la comparecencia del representante legal del banco que ya ha sido citado en dos ocasiones, aunque la declaración ha sido pospuesta.

La Fiscalía considera que la decisión de contratar a Villarejo fue autorizada directamente por su presidente y que la cúpula del banco avaló la decisión por los beneficios “personales y empresariales” que podía reportar ese espionaje.

En esta causa están siendo ya investigados el exconsejero delegado Ángel Cano; el que fuera jefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano; su sucesora en el cargo Inés Díaz Ochagavia; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad, Nazario Campo Campuzano; el director de Red Banca Comercial Ignacio Pérez Caballero; el exresponsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, el que fuera miembro del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo, y el exdirector de Finanzas Javier Malagón Navas. Todos menos Béjar González han sido citados a declarar y se han acogido a su derecho a guardar silencio.

Este pieza desgajada de la `Operación Tándem´ trata de esclarecer la contratación de los servicios de la empresa de Villarejo (Cenyt) para espiar a la cúpula de la constructora Sacyr con el objetivo de torpedear la opa que esta empresa preparaba para tomar el control del banco. Los trabajos el excomisario fueron recompensado con 10 millones de euros.