Este episodio de clima extremo se produjo el 9 de octubre de 2018, cuando se desbordó el torrente de Ses de Cardassar y hubo graves daños en varios municipios, principalmente Sant Llorenç des Cardassar. Trece personas murieron por este desastre natural, otras decenas resultaron heridas y 117 fueron realojadas.

El Consejo de Ministros tardó apenas 10 días en declarar "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" los cinco municipios más afectados: Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar y Son Cervera.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, declaró entonces que el Ejecutivo se había puesto a trabajar "con celeridad y con mucha responsabilidad" para ayudar a las personas afectadas por esa "horrible tragedia", y comentó que se habían retirado unas 4.200 toneladas de residuos y quedaban por remover otras 700 toneladas, así como que unas 300 casas sufrieron graves daños y unos 190 kilómetros de carreteras públicas y varios puentes necesitaban ser reparados.

Sin embargo, el Gobierno aún no había concedido las ayudas necesarias, algo que diferentes adversarios políticos han reprochado en las últimas semanas desde el Congreso de los Diputados al Ejecutivo en funciones, entre ellos Teodoro García Egea, secretario general del PP, y Joan Mesquida, de Ciudadanos.

El plazo de presentación de solicitudes para las ayudas finalizó el pasado 3 de octubre. Una vez que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha podido contar con la financiación necesaria, este viernes se ha dado luz verde a una subvención de 17.987.797,27 euros para el Consell Insular de Mallorca. Al superar los 12 millones de euros, ello requería la autorización del Consejo de Ministros, según la Ley General de Subvenciones.

REAL DECRETO

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó este viernes un real decreto que amplía las medidas previstas en un real decreto-ley del pasado enero para paliar daños causados en infraestructuras municipales y red viarias por diversas situaciones catastróficas registradas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019.

A través de las Delegaciones del Gobierno, el Ejecutivo en funciones ha identificado daños causados por episodios catastróficos en 249 municipios, repartidos entre Huesca (87), Zaragoza (65), Cantabria (48), Asturias (28), Valencia (19), A Coruña (1) y Murcia (1).