La tramitación de emergencia surge como consecuencia de los problemas detectados en los equipos de climatización de los edificios de la Cancillería y de la residencia de la Embajada que imposibilitan el normal desarrollo de la actividad laboral en la primera y la celebración de actos representantivos en la última.

El pasado mes de agosto, la empresa Tonydon HVAC comenzó a prestar servicios de mantenimiento de las instalaciones de ambos edificios a través de un contrato menor puente durante la tramitación del contrato mayor.

Cuando se pusieron a prueba las instalaciones, se detectaron problemas en los equipos de climatización en la residencia, donde no funcionaba en varias de las habitaciones, y en la Cancillería, donde no arranca el módulo de caldera, la climatización del vestíbulo y la zona ocupada del Consulado, ni se puede regular la temperatura por plantas.

Ello provocó que el pasado mes de septiembre se realizaran sendas inspecciones en ambos edificios en las que se constataron graves deficiencias en las instalaciones de calefacción y aire acondicionado en la Cancillería (ocho unidades de quemadores, tres bombas de circulación, un compresor, dos unidades de tratamiento del aire y el sistema de control automático del lobby) y en la residencia (los motores de los compresores del sistema de climatización y las baterías condensadoras).

Actualmente, ambos edificios carecen de calefacción, según el Gobierno, “lo que hace necesario y urgente tener reparado el sistema cuando llegue la bajada de temperaturas en la ciudad de Washington, circunstancia que se empezará a apreciar en el plazo aproximado de un mes”.

La no sustitución de los elementos averiados, indica el Ejecutivo, “obligaría a los empleados públicos destinados en la Embajada (unas 130 personas en la Cancillería, más los habitantes y trabajadores en la residencia) a desempeñar sus funciones en condiciones perjudiciales para su salud, desde el punto de vista termo-higrométrico” y a prestar el servicio de atención consular “en condiciones absolutamente inapropiadas”.

Por esa razón, a propuesta del jefe de Misión, se solicita la aplicación del procedimiento de emergencia, del artículo 120 de la Ley de Contratos, “por encontrarnos ante situaciones que suponen un grave peligro, en este caso para la salud de las personas”.

El plazo estimado para la ejecución de las obras es de 21 días, a partir de la fecha del acta de replanteo e inicio de las obras, que se firmó el pasado 18 de octubre.