Según informó el ministerio público, el escrito que contiene estas peticiones ya está en manos del instructor del causa del `procés´ que ahora debe estudiar los argumentos y tomar una decisión. Llarena ya ordenó la reactivación de la euroorden para el que fuera presidente de la Generalitat durante el otoño de 2017, Carles Puigdemont, huido Bélgica, al día siguiente de conocerse la sentencia contra los líderes del 1-O.

Teniendo en cuenta los argumentos de la sentencia, el magistrado reclama a Puigdemont por un delito de sedición y no de rebelión. En esta misma línea está actuando la Fiscalía a la hora de reclamar la reactivación de las órdenes europeas de detención para Comín y Ponsatí, residentes en Bélgica y Escocia, respectivamente. El ministerio público continúa analizando el caso de la exsecretaria general de ERC Marta Rovira, que se encuentra en Suiza, donde los trámites judiciales para su reclamación son diferentes.

Puigdemont ha comparecido ya ante las autoridades belgas, que han fijado para el 16 de diciembre la vista en la que se analizará la petición de Llarena que le reclama por delitos de sedición y malversación

Tras el estudio en profundidad de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los organizadores del referéndum del 1-O, la Fiscalía ha decidido ir solicitando la entrega de los líderes del 'procés' huidos de manera escalonada según vayan teniendo preparada la argumentación correspondiente a cada uno de ellos.

Así, descarta solicitar al juez instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, la emisión de una orden europea de detención contra la exconsellera de Agricultura, Pesca y Ganadería Meritxell Serret y la exparlamentaria de la CUP Anna Gabriel, al considerar que a la vista de la sentencia del Supremo, estas investigadas sólo podrían ser acusadas de desobediencia, un delito que no conlleva pena de cárcel.

La sentencia del Alto Tribunal por el juicio del 'procés' -conocida el pasado 14 de octubre- condenó a Oriol Junqueras y a otros ocho líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años por delitos de sedición y malversación.

El ministerio público considera que el papel de Serret puede equipararse al de los exconsellers Santi Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundó, que fueron juzgados por malversación y desobediencia, pero sólo condenados por este último delito a un año y ocho meses de inhabilitación y multa. En el caso de Anna Gabriel, es imposible cursar una euroorden porque sólo está acusada de desobediencia.

En lo referente al exconseller de Cultura Lluis Puig, la Fiscalía considera que tiene argumentos suficientes para achacarle un delito de malversación, que conlleva penas de prisión, y otro de desobediencia, por lo que estudia pedir su entrega.

También está sobre la mesa la petición de una orden de entrega contra la exsecretaria de ERC Marta Rovira, fugada en Suiza desde marzo de 2018, y a la que el Ministerio Público achaca un delito de sedición, que aún está en estudio.

LOS ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA

En relación a Comín y Ponsatí, la Fiscalía recuerda que se dictó auto de procesamiento el 21 de marzo de 2018 por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos. Explica que ambos eludieron la acción de la justicia cuando fueron citados para declarar como investigados por la Audiencia Nacional, por lo que fueron declarados en rebeldía en julio de 2018.

A la vista de la sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la que han resultado condenados por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos varios de los procesados que se encontraban en una situación similar a la de ambos fugados, el ministerio público solicita la misión de una nueva OED por los delitos de sedición y malversación en línea con lo decidido por el TS.

Sostiene la Fiscalía que los delitos de sedición y malversación de caudales públicos llevan aparejadas penas de prisión graves que “superan con creces los límites punitivos” que exige la legislación vigente para expedir una orden de detención internacional y/o europea.

El tribunal de enjuiciamiento ha impuesto penas de entre 10 y 15 años de prisión para los que ha considerado autores de estos delitos, o al menos de alguno de ellos, por su condición de autoridad, “lo que resulta aplicable a ambos reclamados ya que eran consejeros de los Departamentos de Salud y Enseñanza, respectivamente, de la Generalitat de Cataluña cuando cometieron los hechos”.

En relación a Puig, la Fiscalía sostiene que el procesado eludió la acción de la justicia cuando fue citado para declarar como investigado por el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional a comienzos del mes de noviembre de 2017. “Desde entonces se encuentra huido, habiendo sido declarada su rebeldía por auto de 9 de julio de 2018”, señala.

Tras el rechazo de la anterior OED, el ministerio público defiende que esta nueva reclamación “permite ajustar de modo exacto la orden internacional de detención y la euroorden a los hechos y títulos de imputación que se han establecido en la sentencia firme del Tribunal Supremo, debiendo incluirse los dos delitos por lo que se encuentra procesado”.

El escrito explica que el delito de malversación de caudales públicos lleva aparejadas penas de prisión graves que superan con creces los límites punitivos que exige la legislación vigente para expedir una orden de detención y señala que el delito de desobediencia es, en este caso, conexo al delito de malversación.