Según informó el ministerio público, el escrito que contiene estas peticiones ya está en manos del instructor del causa del `procés´ que ahora debe estudiar los argumentos y tomar una decisión. Llarena ya ordenó la reactivación de la euroorden para el que fuera presidente de la Generalitat durante el otoño de 2017, Carles Puigdemont, huido a Bélgica, al día siguiente de conocerse la sentencia contra los líderes del 1-O.

Teniendo en cuenta los argumentos de la sentencia, el magistrado reclama a Puigdemont por un delito de sedición y no de rebelión. En esta misma línea está actuando la Fiscalía a la hora de reclamar la reactivación de las órdenes europeas de detención para Comín y Ponsatí, residentes en Bélgica y Escocia, respectivamente. El ministerio público continúa analizando el caso de la ex secretaria general de ERC Marta Rovira, que se encuentra en Suiza, donde los trámites judiciales para su reclamación son diferentes.

Puigdemont ha comparecido ya ante las autoridades belgas, que han fijado para el día 16 de diciembre la vista en la que se analizará la petición de Llarena que le reclama por delitos de sedición y malversación

Tras el estudio en profundidad de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los organizadores del referéndum del 1-O, la Fiscalía ha decidido ir solicitando la entrega de los líderes del 'procés' huidos de manera escalonada según vayan teniendo preparada la argumentación correspondiente a cada uno de ellos.

Así, descarta solicitar al juez instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, la emisión de una orden europea de detención contra la exconsellera de Agricultura, Pesca y Ganadería Meritxell Serret y la exparlamentaria de la CUP Anna Gabriel, al considerar que a la vista de la sentencia del Supremo, estas investigadas sólo podrían ser acusadas de desobediencia, un delito que no conlleva pena de cárcel.

La sentencia del Alto Tribunal por el juicio del 'procés' -conocida el pasado 14 de octubre- condenó a Oriol Junqueras y a otros ocho líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años por delitos de sedición y malversación.

El ministerio público considera que el papel de Serret puede equipararse al de los exconsellers Santi Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundó, que fueron juzgados por malversación y desobediencia, pero sólo condenados por este último delito a un año y ocho meses de inhabilitación y multa. En el caso de Anna Gabriel, es imposible cursar una euroorden porque sólo está acusada de desobediencia.