La Fiscalía va a pedir la entrega por sedición y malversación a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, que desde su salida de España residen en Bélgica y Escocia, respectivamente. La petición al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena es inminente y podría formalizarse mañana mismo. El Ministerio Público también reclamará por malversación y desobediencia al exconseller Lluís Puig, también huido a Bélgica.

Tras el estudio en profundidad de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los organizadores del referéndum del 1-O, la Fiscalía ha decidido ir solicitando la entrega de los líderes del 'procés' huidos de manera escalonada según vayan teniendo preparada la argumentación correspondiente a cada uno de ellos.

Así, descarta solicitar al juez instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, la emisión de una orden europea de detención contra la exconsellera de Agricultura, Pesca y Ganadería Meritxell Serret y la exparlamentaria de la CUP Anna Gabriel, al considerar que a la vista de la sentencia del Supremo, estas investigadas sólo podrían ser acusadas de desobediencia, un delito que no conlleva pena de cárcel.

La sentencia del Alto Tribunal por el juicio del 'procés' -conocida el pasado 14 de octubre- condenó a Oriol Junqueras y a otros ocho líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años por delitos de sedición y malversación.

El Ministerio Público considera que el papel de Serre puede equipararse al de los exconsellers Santi Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundó, que fueron juzgados por malversación y desobediencia, pero sólo condenados por este último delito a un año y ocho meses de inhabilitación y multa. En el caso de Anna Gabriel, es imposible cursar una euroorden porque sólo está acusada de desobediencia.

En lo referente al exconseller de Cultura Lluis Puig, la Fiscalía considera que tiene argumentos suficientes para achacarle un delito de malversación, que conlleva penas de prisión, y otro de desobediencia, por lo que estudia pedir su entrega.

También está sobre la mesa la petición de una orden de entrega contra la exsecretaria de ERC Marta Rovira, fugada en Suiza desde marzo de 2018, y a la que el Ministerio Público achaca un delito de sedición, que aún está en estudio.