Así lo indicó durante la clausura del ‘III Encuentro Económico Asegurador’ organizado este martes por la Mutualidad de la Abogacía, donde afirmó que es “la hora de encender las luces largas y de forjar amplios consensos que aumenten el bienestar de las generaciones venideras”.

Durante su intervención, indicó que el reto para España es doble. Por un lado, refirió que el crecimiento se va a desacelerar por el freno en la actividad internacional e incertidumbres como el Brexit o las tensiones comerciales, tal y como el Banco de España ya ha augurado para el bienio 2019 y 2020, revisando a la baja su previsión de crecimiento.

Junto a esta realidad externa, indicó que en clave doméstica “no podemos descartar” que pase factura al gasto de los agentes privados “la incertidumbre sobre el curso futuro de algunas políticas económicas internas” como la presupuestaria o en la agenda de reformas por culpa de “las dificultades en los últimos años para la conformación de mayorías parlamentarias sólidas” o, incluso, por “los acontecimientos recientes en Cataluña”.

Hernández de Cos efectuó una llamada ahí a los “amplios consensos”, avisando de que más allá de esta situación coyuntural y afectada por factores exógenos, la economía española acusa desequilibrios “importantes” estructurales y propios. Entre ellos destacó tres: los altos niveles de desempleo, el endeudamiento público y el endeudamiento exterior.

En paralelo, avisó de que la capacidad de crecimiento “sigue estando limitada por una dinámica muy pobre de la productividad de la economía”, algo que considera “particularmente preocupante” cuando la economía se verá “afectada negativamente por el impacto del fenómeno del envejecimiento poblacional” en el futuro.

Para mejorar la empleabilidad en un mercado con tasas de paro cercanas al 14% y donde un 45% de los desempleados llevan un año o más buscando un puesto de trabajo, consideró urgente acomodar la formación a las demandas de los empleadores.

En su opinión debe “replantearse el diseño institucional del sistema educativo, así como el contenido del currículo y el propio sistema de aprendizaje”. Según dijo, se trata de formar a los ciudadanos en las materias que demanda la industria y que cada vez tienen un componente superior de innovación y tecnología.

Para ello consideró “crucial” que las administraciones públicas ejerzan un papel de liderazgo, “evaluando y ajustando el sistema educativo de forma continuada a todos los niveles”, pero también acomodándolo a las necesidades empresariales, cuya implicación en la formación estimó igualmente necesaria.

Para Hernández de Cos, el saneamiento de las cuentas públicas “es una tarea prioritaria” también para reducir el alto endeudamiento público que acusan las finanzas y para poder contar con margen de maniobra “ante un eventual deterioro económico futuro más intenso” y sobre todo ante el envejecimiento de la población.

Indicó que el INE prevé que la tasa de dependencia o porcentaje de personas con más de 65 años frente al colectivo de 14 a 64 años crezca desde el 29,9% en 2019 al 58,1% en 2050.

Este cambio poblacional ejercerá una presión al alza en el gasto del sistema de pensiones, de sanidad y de dependencia, “que supone un reto para su sostenibilidad financiera, que es necesario afrontar con prontitud”.

El desafío llegará además cuando, según recordó, la deuda pública en circulación alcanza en la actualidad un importe equivalente al 99% del PIB, más de 60 puntos por encima del registrado en 2007, y la economía acusa un déficit presupuestario estructural del 2,5% conforme a las estimaciones de la Comisión Europea.

Dentro de los problemas a abordar apuntó además la necesidad de corregir la alta dependencia exterior, ya que la posición neta deudora de inversión internacional supone un 80% de PIB y la de deuda bruta el 170%.

Para encarar esta tarea consideró imprescindible mejorar la competitividad de la economía para lograr superávits exteriores “de manera sostenida en el tiempo”.

En el pasado indicó que la mejora de competitividad se ha basado prioritariamente en la moderación de los costes laborales y financieros, y ahora debería sustentarse “en mayor medida sobre aumentos genuinos de la productividad”.

Para mejorar la productividad abogó por mejorar la formación de los empleados e impulsar la tecnología.

En este último aspecto abogó por desarrollar productos específicos que faciliten la financiación y el crecimiento de empresas innovadoras, de reducida dimensión o de nueva creación que en el pasado no han recibido todo el crédito que precisaban porque la banca evita proyectos sin rentabilidad y de empresas que carecen de ratings de solvencia.

A su juicio, estos proyectos deberían contar además con el apoyo de fondos de las administraciones públicas.