En un debate sobre la infancia organizado por Save the Children hoy en Madrid, pidieron no estigmatizar a este colectivo y, con matices, se refirieron a la necesidad de una mayor cooperación en su reparto territorial. Según la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, hay que garantizar una adecuada integración para evitar la criminalización de estos menores y no vincularlos a la delincuencia", premisa que pasa por "ser conscientes de las capacidadess que tenemos para no vernos sobrepasados".

Lamentó que en este tema "ha faltado solidaridad" entre las comunidades y los ayuntamientos, y defendió políticas estatales que garanticen "un reparto justo" de los menores. "No es justo que dejemos toda la responsabilidad a los lugares de llegada como Melilla, Ceuta o Andalucía", que "están desbordados".

La representante de Ciudadanos, Sara Jiménez, coincidió también en la necesidad de "centralizar" estas políticas para lograr "una mayor coordinación" y evitar "el desbordamiento" que ahora se da en algunas ciudades. Además, reclamó "un buen plan de integración", "que vaya más allá de los 18 años y garantice una formación vinculada al empleo. De lo contrario, estaremos generando una masa que será estigmatizada y sufrirá marginación".

La diputada de Unidas-Podemos Mar García admitió que "sería adecuado un reparto más equitativo" de estos menores entre comunidades autónomas, pues "llegan más a unas que a otras". Ahora bien, indicó que esto debe llevarse a cabo teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor.

Señaló también que para acabar con el problema de la estigmatización lo primero que hay que hacer es pedirle al Gobierno y a otros partidos que dejen de hablar de desbordamiento.

En opinión de Pablo Gómez (Más Madrid), aunque "no podemos dejar toda la responsabilidad a los ayuntamientos, también es verdad que no todos los alcaldes han sido responsables". "Han jugado con el miedo de la gente", denunció, "como si el tema de estos menores fuese un problema de seguridad ciudadana y no de derechos del niño". En su opinión, "hay que romper esa dicotomía" porque seguridad ciudadana y derechos del menor van juntos.

Por su parte, el exalto Comisionado del Gobierno para la Pobreza Infantil, Pau Mari-Klose, admitió la necesidad de avanzar en un registro único y estatal de estos menores, que se mueven entre comunidades autónomas, aunque pidió "no sobredimensionar" el fenómeno. "En la actualidad hay 13.000 menores tutelados", apuntó, "una cifra perfectamente asumible".

REFORMA JURÍDICA

Varios de los participantes en el debate se refirieron a los dictámenes del Comité de la ONU para los Derechos de la Infancia, que hace dos días instó a España a regularizar a dos menores no acompañados a quienes no se les admitió la documentación que acreditaba su edad.

Según Sara Jiménez, los procedimientos para determinar la edad deben ser mejorados y profesionalizados, porque en la actualidad vulneran los derechos de los menores.

La misma idea expresaron Mar García y Pablo Gómez, que reclamaron acabar con el sistema de "grandes centros de menores" para evolucionar hacia un modelo de pequeñas casas, más personalizado.

También pidieron la prohibición expresa de las devoluciones en caliente y modificar la ley de asilo, así como facilitar el acceso de estos menores, "los más vulnerables", a los permisos de residencia y de trabajo.

Durante el debate, Save the Children preguntó también a los representantes políticos sobre sus propuestas para atajar el problema estructural de pobreza infantil. Todos coincidieron en aumentar las prestaciones por hijo a cargo, que para los responsables de UP y de Más Madrid deberían ser "universales".

También estuvieron de acuerdo en generalizar la educación de 0 a 3 años como medida más eficaz contra la segregación escolar y reclamaron una ley de familias que reconozca los distintos tipos que existen y les ofrezca la protección que precisan, en función de sus necesidades.

Marí-Klose, Gamarra, Giménez, García y Gómez subrayaron "la gravedad del problema de violencia" que sufre la infancia en España, motivo por el que se comprometieron a que el anteproyecto de ley para su erradicación sea prioritario en la próxima legislatura.