A la reunión, presidida por el secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones, Hugo Morán, asistió una delegación del Gobierno de la Región de Murcia encabezada por el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo. Los representantes de ambas administraciones coincidieron en que es necesario trabajar conjuntamente y se fijó una nueva reunión para el 12 de noviembre en Murcia.

Durante el encuentro se puso de manifiesto "la situación de emergencia en la que se encuentra el Mar Menor" y se estableció esta hoja de ruta "para identificar las actuaciones prioritarias y sus proyectos asociados, para no dilatar los tiempos pero respetando escrupulosamente todos los procedimientos".

Entre las actuaciones inmediatas para disminuir la entrada de nutrientes en la laguna, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) está trabajando en la rambla del Albujón, una de las fuentes de aportes de nitratos al Mar Menor, en la reparación de una tubería de impulsión que derivaría parte de las escorrentías para el uso agrario y que se espera esté terminada en un plazo de una o dos semanas.

Se trata de una medida transitoria, pues la solución definitiva depende de otras actuaciones que deben ser analizadas y que implican también a los usuarios agrícolas y a la Comunidad Autónoma.

Según el comunicado, desde que en junio de 2018 el Miteco lanzara una instrucción para reforzar las inspecciones en todas las confederaciones hidrográficas, la CHS ha reforzado la vigilancia y control del Dominio Público Hidráulico, intensificando la acción de inspección de las superficies de riego, pozos y desalobradoras, y reforzando los medios personales necesarios para el desarrollo de esta labor.

Estas tareas se centran en la definición de las parcelas a las que no se encuentra asociado ningún aprovechamiento inscrito en el Registro o Catálogo de Aguas; la inspección y, en su caso, la instrucción de procedimientos sancionadores (con los cierres de actividad correspondientes) a aquellos predios que incumplan el marco normativo vigente, y la inspección y, en su caso, clausura, de las estaciones desalobradoras.

EXPEDIENTES SANCIONADORES

Así, sólo en el campo de Cartagena se ha duplicado el número de expedientes sancionadores abiertos, pasando de 92 en 2018, a 207 en lo que llevamos de 2019. Además, en lo que llevamos de año el organismo de cuenca ha abierto por estos mismos motivos 641 expedientes sancionadores en toda la cuenca del Segura.

Los expedientes abiertos hasta el momento en el Campo de Cartagena por regar fuera de la superficie de riego para la que se tiene concesión, esto es, regadío ilegal, ascienden a 147 desde agosto de 2018, y se corresponden aproximadamente con unas 1.600 hectáreas. El refuerzo en la vigilancia e inspección permitirá a la CHS seguir trabajando, pues los datos preliminares que maneja este organismo estiman la existencia de al menos unas 9.500 hectáreas sin concesión en el Registro de Aguas de la confederación captadas por teledetección en el Campo de Cartagena.

La CHS tiene potestad sancionadora si detecta pozos ilegales, regadíos y vertidos no autorizados, pero es la administración autonómica la que debe desmantelar esos regadíos ilegales. Y por eso se ha reforzado la coordinación entre ambas administraciones.

PROTECCIÓN DEL BORDE LITORAL

Además, se trabaja en la inspección y sanción de incumplimientos en el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). Y a partir del análisis realizado en el Plan para la Protección del Borde Litoral del Mar Menor, que la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar presentará en próximas fechas, se va a plantear la revisión del deslinde de la costa del Mar Menor con criterios más exigentes desde el punto de vista medioambiental.

Asimismo, en la reunión se informó de que se está trabajando para iniciar los expedientes sancionadores y de recuperación del DPMT pertinentes. Además, se valorará la posibilidad de rescatar o revocar derechos concesionales cuando sea necesario. Se intensificará también el control y la vigilancia de ocupaciones del DPMT por emisarios que viertan al Mar Menor en coordinación con la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos.

CARTOGRAFÍA DE PUNTOS CALIENTES

También se generará una cartografía actualizada de puntos calientes de presiones. Un mapa con el que se tendrá información actualizada sobre el origen e incidencia de los impactos asociados. Y se hará un análisis integrado que comprenderá diferentes estudios de alta resolución. Dichos trabajos serán realizados por entidades de referencia en el ámbito nacional, y estarán disponibles en el plazo aproximado de un mes: estudio de la dinámica de los acuíferos y estado de la laguna y causas del deterioro. También se analizará la capacidad de desarrollo de actividades en la cuenca vertiente, identificando aquellas que resulten compatibles con el buen estado de la laguna, bajo diferentes escenarios climáticos y de usos del suelo.

ACTUACIONES ESTRUCTURALES

La hoja de ruta establece también la necesidad de diseñar una serie de actuaciones estructurales que restablezcan y mantengan a largo plazo el equilibrio del Mar Menor y que van ligadas a un cambio de modelo que debe abordarse desde todos los sectores, los productivos y los de ordenación del territorio e infraestructuras.

Con este objetivo se propone que se tomen medidas que incentiven la aplicación de buenas prácticas agrícolas, por ejemplo, asociándolas a las ayudas de la nueva Política Agraria Común o reprogramar los Fondos FEADER para destinarlos al fomento de mejores prácticas agrícolas en el Campo de Cartagena.

Se contemplan también medidas para el sector pesquero, que ha sufrido directa y gravemente la degradación de la calidad del agua del Mar Menor. De hecho, la reciente mortandad de especies no sólo ha impedido prácticamente la comercialización de los productos pescados en estas fechas sino que además compromete la imagen del producto para el futuro.

Como medida urgente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) está trabajando en una compensación de lucro cesante, vía ayudas de Estado cofinanciadas entre la Comunidad Autónoma y el MAPA. Esta ayuda estaría concebida para un periodo que abarca desde la fecha en que cesaron su actividad -15 de octubre- hasta final de 2019, y tendrá un coste aproximado para el Ministerio de 500.000 euros.

Entre las actuaciones estructurales es también necesaria la actualización y revisión del planeamiento urbanístico de los municipios de la zona (muchos de los cuales carecen de planes aprobados) y el estudio de medidas de eliminación de aquellas infraestructuras que mayores impactos provocan, así como reducir la carga de infraestructuras existentes.

Además, para hacer frente a los desbordamientos en épocas de lluvias y la insuficiencia del sistema para retener las aguas residuales es necesario la mejora de los sistemas de drenaje urbano que reduzca la carga contaminante de las aguas pluviales, la instalación de redes separativas -priorizando aquellos con mayor incidencia sobre el Mar Menor- así como la revisión de las necesidades de ampliación y mejora de las instalaciones de depuración y conexión al sistema de saneamiento de pequeñas aglomeraciones urbanas.