En un auto, Calama acuerda como primera diligencia la identificación de los denunciantes, tal y como establece el artículo 266 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para lo cual solicita la intervención de la policía judicial de la Audiencia Nacional.

Como segunda medida, el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 acuerda el traslado de la denuncia y la documentación adjunta a los denunciados, en este caso el empresario Mikhail Fridman y la sociedad Letterone, previa averiguación de su actual domicilio o paradero.

Por último, el instructor libra un oficio a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a petición de la Fiscalía, a fin de que se propongan dos funcionarios de dicha entidad como peritos, quienes deberán efectuar la pericia que en su momento se acuerde.

La Justicia española investiga si el multimillonario ruso Mikhail Fridman actuó a través de un "entramado societario criminal" para provocar la caída del precio de las acciones del grupo DIA y hacerse así con el control de la compañía a un menor coste. En la actualidad el empresario es el mayor accionista de la cadena de supermercados con el 69,76% de sus acciones.

Fridman también está siendo investigado por el juez Manuel García Castellón dentro de la causa que investiga supuestas irregularidades en la caída del grupo tecnológico ZED a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que lo había solicitado por supuestos delitos contra el mercado, administración desleal e insolvencia punible.

DIA cotizaba en torno a los cinco euros cuando el magnate ruso se hizo con una participación del 10%, en julio de 2017. A partir de ahí, el precio de la acción cayó con fuerza, hasta que el magnate ruso lanzó una OPA sobre la compañía pagando 0,67 euros por acción (con una prima del 56,1%). La empresa entró en una crisis que la dejó al borde de la quiebra y su cotización está aún por debajo del precio de compra.

El caso será investigado finalmente por el Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional que deberá esclarecer si se ha producido "un perjuicio patrimonial" que afecte a accionistas y trabajadores de DIA por un importe superior a siete millones de euros.

Aunque el juez de la Audiencia Nacional derivó el caso a los juzgados ordinarios, el Supremo ha acordó que la operación en DIA, que cotizaba en el Ibex-35 podría haber afectado a la economía nacional, por alteración del precio la acción de una empresa "importante en un sector básico como es el de la alimentación".