Durante la defensa de la medida, Montero destacó que “con esta iniciativa este Gobierno está dando una respuesta responsable y diligente a una situación inédita en nuestro país que tiene origen en la no aprobación de los Presupuestos de 2019 y la continuidad de un gobierno en funciones”. Así, la ministra recordó que durante la tramitación del proyecto de cuentas públicas de 2019 ya advirtió “los grandes perjuicios” que provocaría el voto en contra de PP, Ciudadanos y los independentistas, a quienes denunció por anteponer “el rédito electoral y el corto plazo a los intereses del país”.

Por parte del PP, Mario Garcés, que anunció el voto a favor de su grupo parlamentario, señaló que la convalidación del real decreto ley “es el colofón de una tragicomedia” y acusó a Montero de perder cuatro meses “en reconocer que el PP tenía razón” respecto a que el Gobierno en funciones podía actualizar las entregas a cuenta. “Nos habríamos ahorrado este espectáculo bochornoso”, agregó.

En cuanto a Ciudadanos, el diputado Marcos de Quinto también indicó el voto favorable de su formación, “pese a que el real decreto ley no es una solución sino un parche”. De Quinto denunció que la “bochornosa gestión” realizada por el Gobierno sobre esta cuestión “ha puesto de relieve su hipocresía, ventajismo político e intento de chantaje al resto de grupos políticos, y la falta de respeto hacia instituciones como la Abogacía del Estado”.

En nombre de Unidas Podemos, el diputado Antonio Gómez-Reino afirmó que el Ejecutivo del PSOE “ha jugado de forma irresponsable y partidista con el dinero de todos” y criticó el “clamoroso electoralismo” desempeñado, así como el empleo del Ministerio de Hacienda “como un dispositivo de partido”. Además, Gómez-Reino denunció que tanto PP como PSOE no hayan actualizado el sistema de financiación autonómica, caduco desde hace seis años, y reclamó aumentar la soberanía fiscal de las autonomías y garantizar que sus ingresos sean acordes con sus compromisos competenciales.

Por Junts per Catalunya, la diputada Laura Borràs afirmó que el real decreto ley “hace meses que debería haberse aprobado” porque hacerlo en el último trimestre “no contribuye a dar estabilidad en la determinación de ingresos” de las comunidades autónomas. Asimismo, acusó al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de “jugar a la ruleta de la inestabilidad” y de actualizar las entregas a cuenta “por arte de magia ahora que hay elecciones”.

Por último, Joan Baldoví, de Compromís, indicó que “lo que no podía ser antes, ahora sí”. “En elecciones, milagro”, aseveró, añadiendo que la actualización de las entregas a cuenta “se podía y se debería haber hecho antes”. Además, criticó que el PSOE “ha hecho lo mismo que el Gobierno de Mariano Rajoy en financiación autonómica: nada”.

CONTENIDO

Las entregas a cuenta son los recursos que el Gobierno central debe transferir cada año a las comunidades autónomas en base a las previsiones de ingresos incluidas en los Presupuestos Generales del Estado en aquellos tributos cuya recaudación es compartida con las autonomías.

La actualización supone 875,3 millones de euros adicionales para Cataluña, para un total de 19.020,36 millones en 2019. En el cómputo total del año, Andalucía es la comunidad que más recursos recibirá, con un total de 19.218,32 millones, tras recibir 831,98 adicionales con la nueva actualización. En tercer lugar, se sitúa Madrid, a quien la actualización le supone un ingreso de 679,25 millones y un total de 14.421,13 millones en todo 2019.

A continuación, se sitúa la Comunidad Valenciana, con 460,41 millones adicionales con la actualización y un total anual de 9.433,26 millones; seguida de Galicia (334 millones adicionales y 7.430,71 millones en total); Castilla y León (298,12 y 6.494,1 millones); Castilla-La Mancha (226,3 y 4.923 millones); Canarias (206,74 y 4.539,61 millones); y Aragón (162,56 y 3.540,22 millones).

Tras estas, se encuentran Murcia (130,2 y 3.138 millones), Extremadura (134,85 y 3.068,51 millones); Asturias (123,76 y 2.740,23 millones); Baleares (101,63 y 1.980,43 millones); La Rioja (39,32 y 971,46 millones); Ceuta (1,1 y 35,99 millones); y Melilla (0,88 y 28,82 millones).

En total, la transferencia de las entregas a cuenta asciende a 102.799,73 millones de euros, lo que, según el Ministerio de Hacienda, supone un aumento del 7,4% respecto a 2018 y la mayor cifra de la serie histórica.

POLÉMICA

La actualización de las entregas a cuenta provocó en los últimos meses una disputa entre el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez y los partidos de la oposición, especialmente el PP y sus gobiernos autonómicos. La polémica surgió cuando a finales de agosto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que, según un informe de la Abogacía del Estado, el Ejecutivo en funciones no podía actualizar las entregas a cuenta al carecer de unos Presupuestos aprobados para 2019 y porque, estando entonces en pleno periodo de negociaciones, era una medida que influiría en el siguiente Gobierno. Montero, además, apuntó que ya se vivió la misma situación en 2016 durante los meses en los que el Gobierno de Mariano Rajoy se mantuvo en funciones.

Finalmente, cuando el pasado 11 de octubre el Consejo de Ministros aprobó el real decreto ley, Montero explicó que ahora sí es posible actualizar las entregas a cuenta, a pesar de que el Ejecutivo sigue en funciones, porque existe una nueva convocatoria electoral y que, por tanto, el Ejecutivo saliente del 10 de noviembre no tendrá tiempo para tomar medidas sobre las cuentas de 2019.

La intención del actual Gobierno de cara al futuro es realizar un cambio normativo en el sistema de financiación autonómica para garantizar que la actualización de las entregas a cuenta no dependa de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado ni de si el Ejecutivo se encuentra a pleno rendimiento o en funciones.