El Constitucional suspende la aplicación y vigencia del precepto impugnado en lo que se circunscribe al apartado segundo de la mencionada disposición adicional, dado que el Gobierno solicita la suspensión de acuerdo con el artículo 161.2 de la Constitución.

Dicha suspensión surte efecto desde la interposición del recurso, es decir el 30 de septiembre de 2019, para las partes del proceso y desde la fecha en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado, para los terceros.

El Tribunal ordena que se dé traslado de la demanda y demás documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y a la Asamblea Regional de Murcia para que puedan personarse y formular alegaciones.

El Gobierno considera que se ha podido vulnerar la legislación básica aplicable e indirectamente el título competencial del Estado reconocido en el artículo 149.1.13 de la Cata Magna. El ponente de la sentencia que se dicte en su día será el magistrado Cándido Conde-Pumpido.