Pérez consideró que la lucha contra la ocupación ilegal ha sido uno de los “primeros compromisos” del Ejecutivo regional en materia de vivienda y señaló que para ello se ha creado una mesa de trabajo entre la Comunidad y el Ayuntamiento madrileños.

Dijo que es necesario “seguir colaborando” con el Consistorio de la capital en materia de vivienda y luchar contra la ocupación ilegal en la región. “Tenemos la obligación de colaborar de manera conjunta en la búsqueda de una solución a este problema, una vez queden localizadas todas las zonas de la capital en las que hay una mayor problemática debido al fenómeno de la ocupación”, manifestó.

Además, sostuvo que para tratar de hacer frente a este problema, la Agencia de Vivienda Social destina 500.000 euros al año a la instalación de puertas anti-vandálicas y a tabicar puertas y ventanas de las viviendas vacías, porque o bien se encuentran en obras o en el circuito administrativo para ser adjudicadas.

Igualmente, añadió, la citada agencia destina más de tres millones de euros para el mantenimiento de un servicio de seguridad y para la reparación de aquellas viviendas recuperadas tras haber sido ocupadas y vandalizadas. Y explicó que dicho servicio dispone de varias patrullas de vigilantes que recorren todas las viviendas y promociones de titularidad regional que están en vigilancia (viviendas que se encuentran en obras o en el circuito administrativo para ser adjudicadas) y que deben ser inspeccionadas, al menos, una vez cada 24 horas.

NUEVOS MÉTODOS

Entre las novedades puestas en marcha en la presente legislatura están los acuerdos de colaboración como el establecido con el Ayuntamiento de Arroyomolinos, que autoriza a la Policía Municipal de esta localidad a que pueda acceder y estacionar sus vehículos de servicio en los garajes de las promociones de la Agencia de la Vivienda Social, así como a las zonas comunes, asegurando su vigilancia a cambio del estacionamiento de sus vehículos.

Comentó que se trata de una iniciativa “muy positiva, ya que evitará problemas de ocupación que resten oportunidades a muchos ciudadanos y familias que necesitan acceder a una vivienda de la Agencia de Vivienda Social”. Y también contó que desde el Gobierno regional se ha ofrecido a Policía Nacional, Guardia Civil y otras policías locales extender este tipo de acuerdos y seguir colaborando con otros ayuntamientos de la región contra el fenómeno de la ocupación.