Según sus cálculos, dicha reforma podría implicar un recorte de las prestaciones de “hasta un 40%” en un plazo de 20 años con medidas como referenciar su actualización al índice de revalorización de las pensiones (IRP) que remitía a un alza del 0,25%, muy inferior al IPC.

La UGT valora en este sentido como “positiva” la intención del Gobierno de subirlas en 2020 un 0,9% como plantea en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas. A su juicio, con esta media y las subidas aprobadas en 2018 y 2019 ligadas al IPC, “las pensiones vuelven a la senda de mantenimiento del poder adquisitivo que nunca debieron abandonar”.

El sindicato considera que dichas alzas suponen anular por tercer año sucesivo el IRP sin que eso haya encontrado “opiniones negativas en las fuerzas políticas españolas”, lo que indica que “ya se ha asumido que el mecanismo de financiar las pensiones a base de recortes (que fue la orientación de aquella reforma) es insostenible, injusto e innecesario”.

Así aboga por abolir un mecanismo, el del IRP, que considera “obsoleto” y aprobar una regla “cierta y estable de revalorización anual de las pensiones” que otorgue “seguridad, certeza y claridad” en la forma en que se actualizarán anualmente.

Por otro lado, el sindicato reclama una reforma fiscal “integral y progresiva”, y considera que “hay margen para subir impuestos y aumentar el gasto público” para favorecer el crecimiento y atender las necesidades en materia de protección social y servicios públicos de calidad.