Así lo ha anunciado este martes el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la formalización, por parte del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, de un procedimiento de derivación de potenciales víctimas de trata de seres humanos, solicitantes de protección internacional, que lleguen al aeropuerto madrileño.

El procedimiento establece pautas de actuación dirigidas a los profesionales que intervengan en las llegadas de unidades familiares o personas extranjeras mayores de edad que soliciten protección internacional y sobre las que exista la sospecha de que puedan estar en situación de trata de seres humanos.

En caso de que precise protección, la posible víctima de trata será derivada al recurso de acogida “pertinente” dentro del Programa de Acogida e Integración de solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional.

En el proceso de derivación también estarán disponibles los recursos de la red de entidades especializadas en trata con fines de explotación sexual financiados por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

El procedimiento define, asimismo, un marco de colaboración con organizaciones de la sociedad civil involucradas en el proceso de acogida de solicitantes de protección internacional y en la detección y atención a víctimas de trata.

La finalidad es procurar el acceso de las víctimas, en el menor tiempo posible, a los recursos más adecuados a su situación.

En concreto en la elaboración de este Protocolo han participado Cruz Roja Española, Proyecto Esperanza-Adoratrices, Apramp, Diaconía y la Fundación Cruz Blanca.

UNA PRIORIDAD

Tras precisar que el “objetivo” es “extender” este proyecto piloto a otros aeropuertos como El Prat en Barcelona o el aeropuerto de Málaga, el Ejecutivo señaló como “una prioridad” el “combatir” la trata de seres humanos.

Un problema que aborda desde un enfoque “centrado” en la víctima y que busca “garantizar” una respuesta coordinada de los poderes públicos para asegurar el “rescate, la inmediata atención y la recuperación” de las víctimas, al tiempo que se promueve su protección y el ejercicio de los derechos “de los que fueron privadas”.