Así lo indicó a Servimedia el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, quien valoró la propuesta realizada esta semana por la OCDE como “un paso adelante” al tiempo que pidió cautela al quedar “mucho por avanzar” hasta que se cierre un acuerdo.

El pasado miércoles la OCDE publicó una propuesta para garantizar que las empresas multinacionales paguen impuestos allá donde se encuentran sus clientes y no sólo donde tienen presencia física, como hacen hasta ahora. En este sentido, el secretario general de Gestha restó importancia a la publicación de la propuesta, apuntando que es “la continuación de la planificación prevista” y que todavía

El objetivo de la OCDE, cuya propuesta será debatida la próxima semana en el G20, es llegar a un acuerdo en 2020 para instaurar nuevas reglas que establezcan dónde deben pagar las multinacionales los impuestos. Para ello deberán acordarse los criterios económicos que deban cumplir las multinacionales para tributar en un país, como superar determinado volumen de negocio o número de clientes en dicho territorio, así como la forma en la que se distribuirá el beneficio.

Por ello, Mollinedo advierte que se trata de un proceso muy complejo y que todavía llevará tiempo, por lo que critica la “lentitud” de los países y las organizaciones internacionales para alcanzar un acuerdo.

La necesidad de llegar a un acuerdo de este tipo, indica Gestha, se refleja en el peso adquirido en los últimos años en la economía mundial por las empresas digitales, ya que en 2006 sólo una compañía de este tipo se encontraba entre las 20 mayores por capitalización bursátil, mientras que en 2017 eran nueve, siendo las cuatro primeras Apple, Google, Microsoft y Amazon.

En este sentido, para Gestha, la propuesta de la OCDE y de la Comisión Europea, que preveía ingresar alrededor de 6.000 millones anuales con la instauración de una tasa digital a nivel comunitario, es poco ambiciosa, ya que los técnicos consideran que la recaudación podría ser mucho mayor y que se debería aspirar a que estas multinacionales tributasen al menos al mismo nivel que las pymes, aunque reconocen que eso dificultaría llegar a un acuerdo y que, por tanto, la propuesta actual es válida para al menos “abrir el melón”.

Sobre la estimación de recaudación, Mollinedo recordó que la iniciativa presentada por el Gobierno español en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, que no llegó a ser aprobada, ya estimaba unos ingresos de 1.200 millones de euros anuales, aunque, tomando como referencia a Francia, donde ya está instaurado el tributo, probablemente la recaudación real habría sido menor.

El pasado miércoles, el secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, afirmó que “si no se llega a un acuerdo para 2020, aumentaría en gran medida el riesgo de que los países actúen unilateralmente, con consecuencias negativas en una economía global ya frágil”. “No debemos permitir que eso suceda”, agregó.

En esta línea, Mollinedo indicó a Servimedia que el hecho de que los países actúen de forma unilateral es un pequeño paso adelante, pero que supone hacer “un ejercicio de fe” para que las empresas declaren lo que deben.