Ello forma parte del paquete mensual de decisiones sobre procedimientos de infracción, con el que la Comisión Europea emprende acciones jurídicas contra diversos estados miembro por no haber cumplido adecuadamente las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la UE.

La normativa de la UE en materia de residuos obliga a los Estados miembro de la UE a facilitar datos a la Comisión Europea. Quince de ellos han incumplido sus obligaciones sobre normas como las directivas sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; sobre pilas, acumuladores y sus residuos; sobre vehículos al final de su vida útil, y sobre envases y residuos de envases, así como el Reglamento relativo a los traslados de residuos.

Respecto a la Directiva relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, los Estados miembro están obligados a enviar al Ejecutivo comunitario informes sobre los índices de recogida establecidos por la norma y disponen para ello de varios meses a partir del final del año cubierto por los informes, así como indicar en los informes cómo se han obtenido los datos necesarios para calcular el índice de recogida.

También están obligados a informar de los niveles de reciclaje conseguidos en cada año natural y de si se han alcanzado los niveles de eficiencia de reciclaje exigidos por la Directiva.

Hasta la fecha, han incumplido estas obligaciones en relación con los años 2016 y/o 2017 estados como Bulgaria, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Países Bajos, Portugal, Rumanía y Suecia.