La organización realizó esta petición ante el “avance de mundialización de la intolerancia y la normalización del odio identitario”, que, a su entender, “se observa ya en Europa gravemente”.

Por ello, además de reclamar esta medida a las formaciones que concurren a las próximas elecciones, conminó a la sociedad civil a luchar contra la “intolerancia múltiple”.

Para que dicho pacto sea “efectivo” consideró “prioritario” contar con instrumentos “eficaces para defendernos de este problema” como una Ley Orgánica contra la Xenofobia, el Racismo y la Intolerancia asociada que permita a España disponer de una estrategia de intervención integral que abarque los ámbitos social, institucional, educativo y de integración.

Una herramienta que, a su vez, "potencie" el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) y "fortalezca" un funcionariado público con "experiencia y compromiso".

Asimismo, facilitaría la creación de un consejo social independiente contra la xenofobia, el racismo y la intolerancia integrado por ONG de la sociedad civil que intervienen en este ámbito, y que, entre otros instrumentos, también debería auspiciar la creación de un centro de documentación y memoria de la lucha contra la xenofobia, el racismo, la negrofobia, el antisemitismo, la islamofobia, el “antigitanismo”, la aporofobia, el supremacismo y otras formas de intolerancia asociadas.

Una ley que, a su entender, debe ser el “epicentro” de dicho pacto de Estado y a la que deberían complementar una Ley General para la Igualdad de Trato y una Ley Integral contra los Delitos de Odio.

“Está fuera de toda duda la necesidad de una ley específica y más cuando otros grandes sectores de la sociedad, como las ONG Lgtbi, las organizaciones de mujeres y de protección de la discapacidad, lo han conseguido ejemplarmente”, sostuvo Movimiento contra la Intolerancia.