La denuncia, presentada por la Asociación Preeminencia del Derecho, se basaba en las informaciones reveladas por Wikileaks y publicadas por el diario “El País”, que señalan que Gómez Bermúdez presuntamente telefoneó a la embajada estadounidense para informarles de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había archivado el “caso Couso”, en el que estaban procesados y en busca y captura tres militares norteamericanos.

La resolución del CGPJ señala que “ninguna responsabilidad disciplinaria ni aún indiciaria le es imputable al magistrado”, por lo que los vocales de la Comisión Disciplinaria han decidido decretar el archivo de la denuncia.

Los denunciantes, entre los que se encuentra el abogado José Luis Mazón, uno de los artífices de las querellas contra Baltasar Garzón en el Supremo, definían las supuestas actitudes de Gómez Bermúdez como “gravísimas anomalías” y aseguraban que “ponen en tela de juicio su independencia”.

Gómez Bermúdez se defendió de estas acusaciones a través de un escrito remitido al CGPJ en el que señalaba que como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional mantiene “relaciones institucionales con múltiples países en orden a una adecuada cooperación jurídica de estos con España”.

“No tengo conciencia alguna de haber llamado a la Embajada de EEUU ni para éste ni para otro tema, aunque puede ser que me llamaran ellos y otras personas o instituciones españolas a las que informé de que se había dictado y publicado un auto por un tribunal del que no formé parte en el que se acordaba dejar sin efecto el procesamiento de tres militares americanos”, indicaba al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en su escrito.