En concreto, Castilla y León solicitó la autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo por dicho importe para destinarlo a la refinanciación de operaciones de crédito oficializadas anteriormente por la Administración de la comunidad, teniendo en cuenta los actuales tipos de interés.

De esta forma, el Ejecutivo explicó que las operaciones autorizadas no supondrán un incremento del endeudamiento financiero de la comunidad autónoma al final del ejercicio.

Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), que establece que las autonomías precisarán autorización del Estado para la emisión de deuda, así como en la Disposición Transitoria Tercera y el artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Loepsf).

Esta autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2019.