En un comunicado, denunció que en un ataque de la coalición perpetrado el 28 de junio contra una vivienda situada en la gobernación de Taiz, que causó la muerte de seis civiles —tres de ellos menores de edad— se utilizó munición guiada de precisión fabricada en Estados Unidos.

La bomba guiada por láser, fabricada por la empresa estadounidense Raytheon y usada en el ataque, es la prueba más reciente de que Estados Unidos está suministrando armas que la coalición que lideran Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos emplea en ataques sobre Yemen, recalcó AI.

Según Rasha Mohamed, investigadora de Amnistía Internacional sobre Yemen, “es inconcebible que Estados Unidos siga alimentando la cinta transportadora de armas hasta el demoledor conflicto de Yemen”.

Lamentó que “a pesar de las abundantes pruebas de que la coalición ha cometido una y otra vez graves violaciones del derecho internacional, incluidos posibles crímenes de guerra, Estados Unidos y otros países como Reino Unido y Francia, continúan impasibles ante el dolor y el caos que están causando sus armas en la población civil.”

Desde marzo de 2015, personal de Amnistía ha investigado decenas de ataques aéreos y ha encontrado e identificado restos de municiones de fabricación estadounidense en repetidas ocasiones.

Para Mohamed, “este ataque pone de relieve la acuciante necesidad de imponer un embargo integral sobre todas las armas que puedan ser utilizadas por alguno de los bandos enfrentados en Yemen”.

Criticó que “se siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos ante nuestros ojos", por lo que, "ahora más que nunca, es primordial" que los órganos de investigación, en particular el Grupo de Eminentes Expertos con mandato de la ONU, estén plenamente facultados para continuar documentándolas e informando sobre ellas.

"Los Estados proveedores de armas no pueden adoptar la postura del avestruz y fingir que no conocen los riesgos asociados a las transferencias de armas a las partes implicadas de este conflicto", prosiguió, que están cometiendo violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario.

Al suministrar conscientemente los medios que permiten a la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos cometer reiteradas violaciones del derecho internacional humanitario, Estados Unidos, junto a Reino Unido y Francia, comparteN la responsabilidad sobre ellas", concluyó.

Amnistía Internacional ha hablado con dos miembros de la familia y dos residentes locales, incluidos dos testigos del ataque, y además, ha analizado imágenes de satélite y material fotográfico y videográfico de los momentos posteriores al ataque para corroborar las declaraciones de los testigos.

Personal de la organización experto en armas analizó fotografías de los restos del arma que habían desenterrado miembros de la familia en el lugar del ataque, y a través de los datos del producto grabados en la aleta pudo identificarla positivamente como una bomba de 500 libras GBU-12 Paveway II.

FAMILIA DESTROZADA

Entre los seis civiles muertos en el ataque, había una mujer de 52 años y tres niños, de 12, 9 y 6 años.

Testigos de los hechos contaron a Amnistía Internacional que no había combatientes ni objetivos militares en las inmediaciones de la casa cuando ocurrió el ataque.

El posible objetivo militar más cercano entonces era una sala de operaciones huzí instalada en la granja Hayel Saeed, aproximadamente a un kilómetro de distancia, pero llevaba más de dos años sin funcionar, desde que fue objetivo de varios ataques aéreos llevados a cabo por la coalición en 2016 y 2017.

Unos 15 minutos después del primer ataque aéreo tuvo lugar el segundo, lo que indicaba que el piloto quería asegurar la destrucción de la vivienda de la familia Al Kindi. La casa volvió a ser atacada cinco días más tarde, cuando miembros de la familia se encontraban en ella inspeccionando los daños. Nadie resultó muerto ni herido en el segundo ataque.