En rueda de prensa, el portavoz de la organización de consumidores, Rubén Sánchez, subrayó que “todo apunta” a que Marín Ponce, administrador de hecho de Magrudis, podría haber utilizado a sus dos hijos para “no asumir con las nuevas empresas posibles deudas históricas o nuevas que se dieran”, tapando así “dos décadas con distintos pufos empresariales y negocios cerrados acumulando deudas por distintos motivos”.

Facua ha comprobado que Elaborados Cárnicos Mario SLU, constituida en octubre de 2017 no está dada de alta en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, pese a que está obligada para dedicarse tanto a la intermediación del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco, así como para la industria y elaboración de productos cárnicos.

Asimismo, la asociación ha verificado que esta empresa no tiene ningún inmueble a su nombre, ni en Sevilla ni en el resto de España, al igual que ocurre con Magrudis SLU.

Según el perfil de Elaborados Cárnicos Mario SLU en Internet, esta empresa contaría con ocho trabajadores y las únicas cuentas depositadas en el Registro Mercantil son las relativas a 2017, año en el que solo estuvo en activo durante el último trimestre.

En ellas no figura que ese año contase con ningún trabajador ni tampoco aparece ingreso o gasto alguno, mencionándose únicamente como patrimonio neto los 3.100 euros con los que se constituyó la empresa, que, según Sánchez, ha incumplido la obligación de depositar en el Registro sus cuentas de 2018.

Por ello dijo desconocer si esta segunda empresa cuenta con ingresos y patrimonio neto “importantes” para hacer frente a posibles indemnizaciones si finalmente se incorpora al procedimiento por entenderse que forma parte de un grupo.

A este respecto, Sánchez señaló que, hasta la fecha, no aparece en el sumario, pero también dijo desconocer si la investigación de la Guardia Civil ha podido arrojar información que hubiera propiciado la detención de su administrador este martes.

El portavoz de Facua consideró una hipótesis “bastante solvente” que esta segunda empresa se dedicara a la intermediación y Magrudis, exclusivamente a la fabricación de productos cárnicos e insistió en que, desde que se conoció el inicio del brote, era “necesario llevar a cabo, a la máxima velocidad, el precinto, registro y las detenciones” de los responsables de Magrudis.

Junto a ello, mantuvo la tesis de que existen “miles de afectados” por dicho brote y no descartó la existencia de un almacén clandestino donde los propietarios de la marca ‘La Mechá’ hubieran almacenado parte de sus productos, lamentando que, hasta el momento, ningún trabajador o extrabajador haya aportado información al respecto.