Así se refleja en un informe publicado este miércoles y elaborado por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, bajo el título ‘Las ayudas implícitas en los mecanismos adicionales de financiación a las comunidades autónomas’, en el que destaca que el coste directo para el Estado de los MAF y los aplazamientos entre 2010 y 2018 alcanza los 15.898 millones de euros.

Según las estimaciones de Fedea, las autonomías que habrían supuesto un mayor coste al Estado a través de estos instrumentos son Cataluña, con 4.066 millones de euros, Andalucía, con 3.183 millones, y la Comunidad Valenciana, con 2.689, mientras en cuarta posición, ya por debajo de los 1.000 millones, se situaría Castilla-La Mancha, con 984 millones.

Sin embargo, al tenerse en cuenta dicho volumen en relación a la población, Andalucía no estaría tan beneficiada, por lo que Fedea destaca que estas ayudas financieras han beneficiado especialmente a la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla la Mancha, Baleares, Murcia y Cantabria, al ser las comunidades que han acumulado un mayor volumen de deuda con el Estado en relación a su población. Este efecto, además, se acentúa, especialmente en Cataluña y Valencia cuando se recogen las diferencias existentes entre comunidades en términos de la prima de riesgo exigida por el mercado.

CONTEXTO

El Gobierno central puso en marcha en 2012 el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores (MPP) como instrumentos con los que ofrecer a las comunidades autónomas acceso a financiación a tipos de interés muy favorables para cubrir los vencimientos de su deuda y sus déficits presupuestarios y para cancelar deudas pendientes con proveedores.

En el caso del MPP, los pagos a proveedores los realizaba el ICO y la financiación llegaba a las comunidades autónomas a través de préstamos con entidades de crédito. En cuanto al FLA, el Estado captaba recursos en el mercado para después ofrecer préstamos directos a las comunidades autónomas. Estos recursos se destinaron prioritariamente a cubrir vencimientos de deuda pero también otro endeudamiento autorizado, por ejemplo, para financiar los déficits corrientes o ciertos pagos pendientes a proveedores no incluidos en el Plan de Proveedores en sentido estricto.

El acceso a ambos mecanismos se condicionó a la presentación y aprobación de un plan de ajuste y al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria previstos en el mismo. También se exigió a las comunidades autónomas beneficiarias de ambos programas que suministrasen mensualmente al Ministerio de Hacienda información detallada sobre el estado y evolución de sus finanzas para permitir el seguimiento de sus planes de ajuste.

De esta forma, el informe de Fedea estima el coste que dicha financiación le ha ocasionado al Estado central. En términos absolutos, el volumen total de préstamos canalizados a través de los mecanismos adicionales de financiación fue de 219.513 millones de euros, siendo Cataluña (70.827 millones de euros), Comunidad Valenciana (47.557 millones), Andalucía (32.970 millones) Castilla-La Mancha (14.470 millones) y Murcia (9.545 millones), las que más volumen de recursos recibieron.

Por otro lado, si se descuentan las amortizaciones acumuladas de esos préstamos, el saldo neto existente a finales de 2018 rondaba los 180.000 millones, equivalente a un 15% del PIB español. Así, a finales de 2017 las comunidades más endeudadas con el Estado eran Comunidad Valenciana, con un índice de endeudamiento relativo ajustado por población del 201,9%, seguido de Cataluña (192,4%) y Baleares (156,8%), por encima de la media nacional del 100%, mientras que las menos endeudadas eran Madrid (8,1%), La Rioja (21,9%) y Castilla y León (26,2%).

INTERESES Y APLAZAMIENTOS

El informe también destaca que gracias a estos mecanismos de financiación las comunidades autónomas pudieron acceder a condiciones muy favorables en los préstamos, con tipos de interés inferiores a los del mercado, lo que supuso a las autonomías, según la estimación de Fedea, un ahorro neto total de 4.833 millones de euros en el pago de intereses.

Por otra parte, Fedea también recoge que el aplazamiento del reintegro por parte de las comunidades autónomas de “los abultados” saldos favorables al Estado de las liquidaciones del sistema de financiación autonómica correspondientes a 2008 y 2009, son “en la práctica un préstamo sin intereses del Estado a las comunidades autónomas que supone una ayuda implícita muy similar a las canalizadas a través de los MAF”.

En concreto, estas liquidaciones de 2008 y 2009 están devolviéndose gradualmente mediante retenciones de los ingresos autonómicos sujetos a liquidación y en un primer momento se fijó un plazo de devolución de cinco años que posteriormente se ha ampliado, primero a diez años y luego a veinte.

Así, el saldo total que las autonomías tienen pendiente de devolver al Estado por las liquidaciones de esos dos años eran en 2018 de 12.865 millones de euros, de los cuales 3.233 corresponden a Andalucía, 1.684 a Cataluña, 1.232 a Comunidad Valenciana y 1.145 a Galicia, mientras el resto de comunidades se encuentran por debajo de los 1.000 millones. Las regiones con menos saldo pendiente de devolución por este concepto son La Rioja (133 millones), Baleares (171) y Cantabria (258 millones).