Así se pronunció el portavoz de la organización, Rubén Sánchez, en una rueda de prensa en la que, además, advirtió de que, si bien las agencias de viajes tienen regulada la obligación de contratar seguros, contar con avales o tener depositados fondos de garantía “suficientes para cubrir los pagos satisfechos por los consumidores y sus repatriaciones", no ocurre lo mismo con los hoteles.

En este sector no hay una normativa de ámbito estatal que regule esas obligaciones sino que estas están reguladas "por las comunidades autónomas”, por lo que España podría contar con “hasta 17 regulaciones distintas” que Facua “está evaluando”.

En este punto se quejó de la “falta de desarrollo de una ley de hace 35 años” e invitó a los partidos políticos a, "después de cuatro décadas, desarrollar lo dicho por esta ley y no seguir esperando a que se den más quiebras”.

Sánchez subrayó que, en el caso de los afectados por la quiebra de Thomas Cook, existen "cuatro perfiles" que tendrán que seguir distintos procedimientos para reclamar y animó a quienes hayan contratado a través de agencias viajes combinados que incluyan servicios de transporte o alojamiento gestionados o prestados por empresas de Thomas Cook a presentar reclamaciones a las propias agencias.

"Independientemente de que éstas no tengan ninguna vinculación societaria con el grupo en quiebra”, puntualizó, ya que, para él, “no son meras intermediarias” sino que están obligadas por ley a “responder solidariamente” frente a los consumidores que contraten viajes combinados por los “perjuicios” sufridos.

Si la agencia contratada para la celebración de un viaje combinado está vinculada al grupo Thomas Cook, la normativa del sector establece la obligación de que las agencias cuenten con un seguro, un aval o depositen cantidades en un fondo de garantía “para hacer frente a las cantidades que haya que reembolsar a los usuarios en caso de quiebra”, precisó.

Su asociación está “a la espera” de que los organismos competentes confirmen si han supervisado en los últimos años el cumplimiento de esa obligación.

Por otro lado, si el viaje se ha contratado en otro Estado miembro de la UE, los afectados deben dirigirse a la entidad que aparezca en el contrato como “garante” en caso de insolvencia y, de no figurar en el mismo, al Ministerio de Turismo para obtener dicha información.

Junto a ellos, estarían los usuarios que hayan contratado vuelos con aerolíneas del grupo Thomas Cook, ya sea de forma directa o a través de agencias, pero cuyos billetes no formen parte de viajes combinados.

En este caso, las reclamaciones deben presentarse directamente a las compañías aéreas del grupo en quiebra y, según la asociación, las aseguradoras “tendrán que asumir el pago tanto de las devoluciones de los importes abonados por los billetes aéreos como las compensaciones o indemnizaciones por daños y perjuicios” que, en su caso, correspondan por las cancelaciones de los vuelos.

Facua considera que este seguro “cubre no solo que haya un perjuicio, sino también la no prestación del servicio y que no se ejecute el contrato”.

En último lugar, Sánchez se refirió a aquellos viajeros que hayan contratado alojamientos con empresas del grupo Thomas Cook sin que se incluyan en viajes combinados.

En este supuesto, las reclamaciones deben presentarse directamente ante dichas empresas, aunque Sánchez estimó “previsible que no haya dinero para reembolsar a los afectados lo abonado”.

El portavoz de Facua instó a los afectados a revisar si los contratos incluyen algún seguro que cubra las cantidades abonadas y a aquellos que hayan contratado seguros de viajes, a revisar sus pólizas para verificar que cubren los daños causados por la insolvencia de Thomas Cook.

Sánchez dijo esperar “colaboración y transparencia” por parte de las administraciones británicas y españolas en relación a la información sobre las empresas del grupo así como en torno a los seguros, avales y fondos de garantía de los que dispone.

Además, defendió que “lo mínimo que tiene que hacer un gobierno ante una situación tan caótica como esta”, es garantizar la “interlocución” con las asociaciones de consumidores.