La ARMH emitió un comunicado en el que recogió unas declaraciones de su presidente, Emilio Silva, recordando que “obligar a las víctimas de la dictadura a pagar con sus impuestos la tumba del dictador es una forma de maltrato y una patología democrática. A nadie se le ocurriría que una víctima de un atentado terrorista pagase la tumba del responsable o la víctima de cualquier otro crimen”.

Añadió que la exhumación de Franco de la basílica del Valle de los Caídos ha de ser un objetivo del Estado que debe complementarse con el “deber” de “dejar de sostener monumentos y panteones en los que reposan los restos del dictador”.

También lamentó que el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo no hayan tomado ninguna medida para apartar de la toma de la decisión de exhumar a Franco al magistrado José Luis Requero, que, dijo Silva, “tiene una estrecha relación con uno de los bufetes de abogados que defiende los intereses de la familia Franco”.

Por último, urgió a “terminar con los privilegios de la familia del dictador” y llamó al Estado a investigar el origen de su fortuna y a luchar para “recuperar todo aquello que sea de propiedad pública, ya haya sido expoliado, malversado o indebidamente apropiado”.