El Comité Ejecutivo de las Cámaras se reunió este viernes en Madrid, en sesión extraordinaria, para analizar los efectos del real decreto-ley que establece el cambio de modelo de las Cámaras.

Según el organismo, "este cambio del actual modelo vigente para las Cámaras se ha hecho sin ningún tipo de información ni consulta previa y sin el tiempo necesario para analizar las consecuencias que de esta decisión se derivan".

Recordó, asimismo, que las Cámaras de Comercio son corporaciones de derecho público, según la legislación en vigor en la Europa continental, que representan y defienden los intereses generales de la economía a través de las empresas y que, como en el caso de España, prestan servicios directos cada año a más de 500.000 empresas.

Con esta medida, añadió, "se han puesto en peligro servicios esenciales que ninguna otra institución puede ofrecer, en mejores condiciones, para las pymes del futuro que apuestan por la internacionalización, la formación y la innovación".

Igualmente, como consecuencia de esta norma "podrían desaparecer actuaciones destacadas de las Cámaras a favor del desarrollo del espíritu emprendedor y la creación de empresas, factores determinantes en la generación de riqueza y empleo".

Los programas y servicios que desarrollan las Cámaras, en cualquiera de los modelos existentes en la actualidad en Europa, son cofinanciados en distintas proporciones por las Administraciones Públicas, ya que su coste no puede ser asumido en su totalidad por las pequeñas y medianas empresas.

En los más de 125 años de vida de las Cámaras en España, "han tenido que soportar muchas vicisitudes y superar numerosas adversidades con regímenes y gobiernos de distinto signo". Sin embargo, agregó, "hoy siguen siendo instituciones vivas y con reconocida experiencia por su importante trabajo en favor del desarrollo económico de España. Es por eso que ahora, más que nunca, van a seguir luchando por su continuidad y pervivencia".

Por todo ello, esta entidad entiende que resulta "absolutamente necesario" abrir un periodo de reflexión entre las Cámaras de Comercio y las empresas, junto con las Administraciones Públicas, y que se disponga de un plazo de adaptación "adecuado y prudente". "Es preciso que desde el ejercicio, responsable y riguroso, se garantice el futuro de estas instituciones".