Los efectos “serían mucho más llevaderos si la Administración se hubiese empleado en los últimos años en corregir la vulnerabilidad de nuestro territorio ante estos episodios con aquellas actuaciones pendientes desde hace décadas”, ha indicado en un comunicado el senador de Compromís, Carles Mulet.

Para el parlamentario valenciano, “es más fácil prevenir que llorar y crear la infraestructura que estar periódicamente lamentándose de cuantiosos daños por toda la geografía y tener que repararlos”.

El senador ha recordado que la falta de actuaciones en el País Valenciano pone en riesgo a la población de cara en otoño. El senador ha lamentado que “el tiempo y las imágenes hayan dado la razón a quienes advertían de la necesidad de actuaciones en la costa y los cauces” y ha apremiado a “acelerarlas” en vez de postergarlas más.

“Es indecente que con excusas y planes se retrasen las actuaciones que son necesarias y que, en demasiadas ocasiones, acaban recayendo sobre los ayuntamientos, que están hartos de ser los paganos y soportar los daños que se dan en sus términos por la falta de adecuación y en ocasiones de mantenimiento de los ríos y barrancos, cuando no son recibidos con indiferencia por la administración central”, ha agregado.

Compromís se queja de que las confederaciones aseguran que están trabajando en priorizar actuaciones, al tiempo que prohíben a los ayuntamientos tener iniciativa “mientras no hacen nada”.

Según los datos de esta formación, en la actualidad 136 municipios valencianos se encuentran con riesgo de inundación. 48 poblaciones con un riesgo alto y 88 con un riesgo mediano,y del Pla Antirriadas (PGRI) siguen sin ejecutarse numerosas obras previstas por toda la autonomía valenciana.

Compromís presentó, vía moción, en el Senado una propuesta en la cual se instaba al Gobierno a recuperar las actuaciones pendientes de ejecutar en territorio valenciano para evitar las riadas y, de forma urgente, aquellas canceladas por Acuamed desde 2007 y que contaban con la tramitación administrativa realizada para su ejecución en el plazo más breve posible. En la orden de ejecución, la coalición reclamó atender como prioritarios aquellas obras donde sigan existiendo peligros para la población y aquellas que evitarían evitables nuevos daños materiales y afecciones económicas por los ayuntamientos.