Para CCOO, “la gravedad de ciertas denuncias y lo delicado de los entornos en que se producen los hechos (espacios de encomienda o custodia de menores para su cuidado, educación, entrenamiento, etc.) podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en video de espacios cerrados (despachos, aulas…)”.

La Federación considera que la medida "ineficaz y contraria a las libertades" y que "no resuelve el problema de fondo: la falta de recursos humanos y materiales producto de las políticas de recorte de los últimos años".

El sindicato denuncia que la Lomce ha provocado que al sistema educativo se le ha ido privando "de cualquier recurso material y humano que pudiera haber posibilitado la acción educativa pertinente para prevenir conductas antisociales y gestionar adecuadamente los problemas de convivencia que se originan en el día a día de la actividad educativa".

Para CCOO, la Fiscalía, "al obviar los años de recortes y penurias del sistema educativo, recomienda una medida tan ineficaz como de poco recorrido, que no va a la raíz del problema y que, además, engorda el corporativismo más negativo y es contraria a las libertades".

Por ello, se declara "radicalmente en contra de una medida más coactiva que preventiva y pedagógica, entendiendo que los centros educativos no necesitan cámaras de vigilancia en las aulas, sino más y mejores recursos materiales y humanos; coordinación, colaboración y una interacción positiva con las familias y el entorno sociocultural; y la confianza, el reconocimiento y el apoyo de la sociedad y de la Administración educativa".